En Diputados, Mariano Biocca de la Cámara Argentina de Fintech, precisó que 2.4 millones corresponden a créditos de billeteras virtuales.
Un total de 5 millones de personas presentan algún grado de irregularidad en el sistema crediticio, de las cuales 2.4 millones corresponden a financiamiento otorgado por billeteras virtuales. Los datos fueron expuestos en la Cámara de Diputados por el director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, durante una reunión informativa de la comisión de Finanzas.
Durante el encuentro, convocado por el oficialismo, representantes del sector financiero no bancario justificaron las elevadas tasas de interés y el costo financiero total que aplican a los usuarios. Argumentaron que estos valores responden a los costos operativos y los riesgos a los que se exponen. El gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, aseguró que “no hace falta una ley” para abordar la morosidad, ya que el problema se está atendiendo de forma privada.
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Además, Gismondi explicó que los bancos ya gestionaron 500.000 refinanciaciones con clientes morosos y expresó el temor del sector a que un proyecto de ley intervenga en contratos privados. Advirtió que si esto ocurre, “se retraerá el crédito” en Argentina. Por su parte, Mariano Biocca indicó que la industria trabaja en “la detección temprana y asistencia al usuario que lo necesita”, y señaló que el 90% de los deudores ya cuenta con un esquema de refinanciamiento.
En representación de las emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, Norberto Echegoyen de CERTACYC admitió que “al crecer el crédito, creció la mora”. También descartó la vía judicial como una alternativa eficiente para el cobro de deudas, argumentando que muchos deudores no son asalariados o no tienen bienes a su nombre. “Contratar a un abogado y empezar con gastos judiciales para que, en vez de perder 100, perdamos 120, no tiene sentido”, graficó.
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En contraposición, la diputada de Unión por la Patria, Kelly Olmos, defendió la necesidad de una regulación pública y afirmó que el problema se ha agravado hasta requerir una política general. La legisladora cuestionó que las entidades ofrezcan créditos con un Costo Financiero Total de más del 700% y sostuvo que, con casi 6 millones de morosos, es imprescindible una intervención. “No solo no queremos que la gente caiga en manos de la usura, sino que tampoco queremos que la usura se disfrace de formalidad”, expresó.
Olmos recordó que en crisis anteriores como la de 2001 y la posterior a la pandemia se aplicaron soluciones de carácter colectivo. Según la diputada, estas medidas siempre permitieron la expansión del crédito y la incorporación de tecnología, resultando en una solución favorable para la gente y no en contra del sistema. Sostuvo que es necesario ofrecer una “solución razonable” a la situación actual.
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