Senado debate ley de Biocombustibles que divide a pymes y entidades del agro
Política09/09/2026
REDACCIÓNEl nuevo Marco Regulatorio, que eleva los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, genera fuerte resistencia en el sector de pequeñas y medianas empresas.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles cuestiona fuertemente el esquema del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles. Consideran que este proyecto de ley, que eleva los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, terminará beneficiando principalmente a las grandes aceiteras orientadas a la exportación.
Pese a esta oposición, entidades agropecuarias y agroindustriales presionan para que el Senado apruebe la iniciativa con urgencia. El proyecto ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, lo que lo deja en condiciones de ser tratado en el recinto.
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Uno de los principales cambios del proyecto se centra en el biodiésel, estableciendo un corte obligatorio inicial del 7,5%. La ley contempla elevar esta proporción al 10% doce meses después de su sanción definitiva.
En paralelo, se modifica el esquema para el bioetanol, cuyo corte obligatorio pasaría del 12% actual al 15%. De este total, un 6% provendría de maíz y otro 6% de caña de azúcar, dejando un 3% restante sujeto a libre mercado.
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El punto más controvertido en el biodiésel aparece con la participación de las empresas no integradas. Cuando el corte alcance el 10%, estas compañías tendrían asignado un 6,5% del mercado, mientras que el 3,5% restante quedaría sujeto a negociación libre.
Ese porcentaje destinado a las empresas no integradas disminuiría progresivamente durante los años siguientes. El esquema prevé que llegue al 3% en 2031 y que, desde 2032, ese porcentaje funcione como piso, mientras el 7% restante pueda negociarse libremente.
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Las entidades que respaldan la iniciativa sostienen que el nuevo régimen puede impulsar inversiones y aumentar la competencia dentro de la actividad. También destacan su posible impacto en la reducción de emisiones y en el desarrollo de las economías regionales vinculadas con la producción de materias primas.
La iniciativa fue presentada originalmente por Patricia Bullrich y posteriormente incorporó modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza. El sector agroindustrial considera que su aprobación permitiría darle un nuevo marco a la producción y comercialización de combustibles de origen vegetal.
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