Piden el juicio político de la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil bonaerense
Política09/09/2026
REDACCIÓNLa Libertad Avanza provincial solicitará el apartamiento de la magistrada Marta Elba Pascual, quien también fue denunciada penalmente por la ONG Usina por la Justicia.
El bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, liderado por Sebastián Pareja, pedirá el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual. La magistrada fue además denunciada penalmente por la ONG Usina por la Justicia, que la acusó de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Estas acciones se suman a la apelación presentada por el fiscal de menores Hernán Ceruti, de Lomas de Zamora, contra la resolución de Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil provincial. Para el fiscal, se trata de un fallo que provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, ya que un habeas corpus no puede dejar sin efecto una ley sancionada por el Congreso Nacional.
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En su presentación, Ceruti subrayó que la disposición de la magistrada “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”. Sostuvo que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa. Tampoco se identificó a un joven detenido por su aplicación.
La ONG Usina por la Justicia respaldó la decisión de Ceruti a través de la red social X. La organización recalcó: «El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes».
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Por su parte, Sebastián Pareja aseveró que la magistrada “está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”. Consideró que es “una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”.
En sus argumentos, la jueza Pascual había basado su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar de forma significativa el número de jóvenes detenidos. Sostuvo que la Provincia no dispone de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese posible incremento.
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