Busca reemplazar la ley de 20 años con regalías flexibles y criterios para concesiones no convencionales, fuera de la ley de 2006.
El Poder Ejecutivo de Mendoza remitió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, que incorpora modificaciones centrales como la creación de concesiones para la explotación no convencional, una figura que no estaba contemplada en la normativa vigente desde 2006. Este cambio busca reforzar el dominio provincial sobre los recursos, a la vez que actualiza la legislación a los avances productivos y tecnológicos de las últimas dos décadas.
La propuesta, impulsada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y presentada en la Cámara de Diputados, propone un régimen más flexible para la definición de regalías, incentivos e inversiones, adaptándose a las particularidades de cada área productiva. Se busca con ello fomentar nuevos proyectos y aumentar la producción en los yacimientos maduros, además de sentar las bases para el desarrollo no convencional de la porción mendocina de Vaca Muerta.
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Uno de los principales cambios recae en el sistema de regalías. Mientras que la ley actual establece un 12% general con posibilidad de reducción hasta el 5%, el nuevo proyecto fija una regalía de referencia del 15%. Sin embargo, las empresas podrán ofertar un porcentaje mayor o menor, permitiendo a la provincia ajustar la participación según las condiciones económicas de cada proyecto, como en campos maduros o de menor productividad.
En paralelo, la adjudicación de áreas no se basará únicamente en la regalía ofrecida, sino que también se evaluará el valor total del proyecto, la producción estimada y las inversiones comprometidas, dándole un peso preponderante al monto de inversión. La iniciativa también prevé incentivos para movilizar capital en áreas complejas, permitiendo reducciones de regalías por debajo del 5% con fundamento técnico para la reactivación de pozos inactivos o proyectos de recuperación mejorada.
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La incorporación de las concesiones de explotación no convencional tiene especial importancia para Malargüe y el sector mendocino de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas y plazos más extensos. Al respecto, la ministra Latorre destacó que el objetivo es «actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años».
En ese marco, la propuesta también fortalece las responsabilidades ambientales de las empresas, exigiendo prevención, mitigación de impactos y monitoreos en todo el ciclo de vida de los yacimientos. Las compañías deberán considerar el cierre y abandono de pozos y el saneamiento de pasivos, además de presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público.
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Por otra parte, la reforma actualiza el sistema de multas, cuyos montos se calcularán en referencia al precio de la nafta súper, clasificando las infracciones en leves, graves, muy graves y gravísimas. Además, se creará una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, que no superará el 0,8% de las regalías y cánones, destinada a financiar las inspecciones y el fortalecimiento técnico.
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