
Fin del subsidio al diésel en Bolivia: transportistas y sindicatos anuncian movilizaciones
Actualidad21/09/2026
REDACCIÓNLa Defensoría del Pueblo alertó este lunes sobre los graves impactos económicos y sociales que el "dieselazo" decretado por el Gobierno podría generar en todo el país.



La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió este lunes que la eliminación del subsidio al diésel, dispuesta por el Gobierno, podría extenderse al conjunto de la economía nacional, impactando directamente en el costo del transporte y los precios de los mercados. La medida fue decretada el 19 de septiembre por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, a través del Decreto Supremo 5716.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó enérgicamente la decisión, a la que diversos sectores sociales ya califican como «dieselazo», y convocó de inmediato a un ampliado nacional de emergencia. La central sindical sostuvo que la disposición representa un duro golpe a la economía popular y desencadenará un proceso inflacionario que afectará la canasta básica.


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El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, confirmó que el sector se reunirá mañana martes en Santa Cruz para definir sus medidas de presión. El transporte fue uno de los primeros rubros en evidenciar el impacto, ya que el aumento del combustible elevó drásticamente los costos de operación de camiones y autobuses.
En conferencia de prensa, Gómez señaló que el sector está «declarados en emergencia» y que en las próximas horas se tomarán «las decisiones claras, cuál va a ser el accionar y el camino del transporte boliviano». Esta situación podría tener repercusiones directas en el valor de los pasajes y los fletes en todo el país.
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El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, manifestó a la prensa su profunda preocupación por los impactos sociales y económicos que podría provocar la medida. Remarcó que el diésel es un insumo esencial para el movimiento de mercancías, la producción agropecuaria y numerosas actividades económicas.
Callisaya enfatizó que, aunque el Estado deba atender desafíos económicos, cualquier política pública tiene que tener presente la preservación de los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la educación. Su encarecimiento puede repercutir negativamente en el abastecimiento y el costo final de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
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En el ámbito político, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una organización vinculada al expresidente Evo Morales, se declararon en emergencia. Este grupo también anunció nuevas estrategias de movilización contra el decreto, ampliando así el frente de rechazo al ajuste gubernamental.
Según el Gobierno boliviano, la decisión de retirar la subvención forma parte de un programa para enfrentar la crisis económica y reducir el importante peso fiscal de los combustibles. Además, busca mejorar el abastecimiento tras meses de escasez y corregir las distorsiones de un combustible vendido por debajo de su costo de importación.















