Un fallo judicial ordena a las provincias y municipios financiar obras del fondo FISU
Política23/09/2026
REDACCIÓNUna medida cautelar frenó la disolución del FISU. El Gobierno dispuso que los gobiernos locales asuman el costo de los proyectos en curso.
El Gobierno Nacional aprobó un plan de acción para que las obras en curso en barrios populares sean asumidas por las provincias y los municipios, en cumplimiento de una orden judicial que frenó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La decisión fue instrumentada este miércoles a través de la Resolución 209/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo esquema establece que los gobiernos locales deberán hacerse cargo del financiamiento total de las obras con fondos propios. La ejecución de los proyectos requerirá la participación, el acuerdo y la coordinación previa con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios involucrados.
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En caso de que las jurisdicciones locales rechacen o no puedan asumir el costo de las obras, la continuidad con fondos nacionales se determinará de forma “restrictiva y fundada”. Para ello, se evaluarán tres factores: el grado de avance físico del proyecto, el interés público comprometido y la disponibilidad de recursos presupuestarios del Estado nacional.
La medida se enmarca en un proceso de reordenamiento administrativo que comenzó con una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el FISU. Dicho informe había detectado falencias generalizadas, como incumplimientos de plazos y demoras en las rendiciones de cuentas que generaron sobrecostos.
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Ante esos hallazgos, el Gobierno había dispuesto la disolución del fideicomiso mediante el Decreto 312/2025. Sin embargo, el proceso fue interrumpido por la Justicia Federal en el marco de un amparo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras entidades, lo que obligó a la administración de Javier Milei a garantizar la continuidad de la política de integración socio urbana.
Por otra parte, la nueva normativa dispone que, ante irregularidades del ente ejecutor o del contratista, se verificará si se aplicaron correcciones. De persistir las faltas, se gestionará el recupero de los fondos aportados y se podrá resolver el convenio por culpa del ejecutor, notificando a las provincias para que evalúen asumir la obra sin asistencia financiera.
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El informe de la SIGEN también reveló la adquisición de terrenos inadecuados, incluyendo predios cercanos a basurales y sin la debida tasación previa. Además, se identificó la adjudicación de obras a cooperativas que no acreditaron idoneidad ni antecedentes técnicos suficientes para llevarlas a cabo.
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