Mientras un patrullero británico monitorea barcos con licencias de Malvinas frente a Puerto Deseado, el Estado argentino refuerza sus controles y sanciones en la zona.
El Estado argentino aplicó durante este año multas por un monto superior a los $5.381 millones a cuatro embarcaciones extranjeras que cometieron infracciones. Estas sanciones son el resultado de los operativos de vigilancia realizados por el país en la zona del Atlántico Sur.
En paralelo, un patrullero británico identificado como Lilibet comenzó a realizar tareas de vigilancia sobre buques pesqueros internacionales frente a las costas de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La embarcación, de unos 50 metros de eslora, opera en las cercanías de la denominada Milla 201, una zona sensible por su proximidad con la Zona Económica Exclusiva Argentina.
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El buque Lilibet fue contratado por las autoridades que administran el archipiélago de las Islas Malvinas, según información de Escenario Mundial. Su función principal es monitorear las capturas y los movimientos de los barcos que operan con permisos de pesca emitidos unilateralmente por la administración británica de las islas.
La actividad pesquera es una fuente de ingresos fundamental para las islas, ya que las licencias aportarían cerca del 40% de su producto interno. Para este año, la administración isleña proyectó ingresos por más de 16,8 millones de libras esterlinas por los permisos otorgados a más de un centenar de buques poteros dedicados a la captura de calamar Illex argentinus.
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Además de esos permisos, al negocio pesquero se suman las concesiones de largo plazo otorgadas a embarcaciones de origen gallego para la captura de calamar Loligo. De esta manera, el control de la actividad pesquera está directamente vinculado con uno de los principales recursos económicos de las islas y la disputa de soberanía.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina mantiene una vigilancia constante sobre el movimiento de los buques en la zona a través del Sistema Guardacostas. Esta herramienta permite seguir en tiempo real variables como la posición, el rumbo y la velocidad de las embarcaciones para detectar posibles ingresos no autorizados a aguas argentinas.
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El escenario se complejiza con la actividad hidrocarburífera en la región, donde empresas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration mantienen proyectos de exploración y explotación. Estos se centran en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La extensión de licencias petroleras por parte de la administración británica generó el rechazo del Gobierno argentino. La Cancillería cuestionó estas autorizaciones y el Ejecutivo impulsó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para sancionar a empresas que participen en la explotación de recursos en áreas en disputa.
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