"Los reclamos por mensaje no tienen valor legal" ante el acoso por deudas a jubilados

Enfoques29/09/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Ante el retraso en los pagos, empresas de cobranza y estudios jurídicos despliegan llamados extorsivos e intimidaciones a familiares para forzar la cancelación de los saldos.

Martín Carralbal
Martín Carralbal

La suba en los servicios esenciales y la adecuación de los precios de la economía impulsaron a miles de adultos mayores a recurrir a préstamos personales en financieras o billeteras virtuales. Ante el retraso en los pagos, empresas de cobranza y estudios jurídicos despliegan llamados extorsivos e intimidaciones a familiares para forzar la cancelación de los saldos, vulnerando las normativas de protección al usuario.

En #LA17, el abogado especialista en derecho previsional, Martín Carralbal, analizó el impacto que genera esta presión sobre la franja de pasivos endeudados. "Hay ni más ni menos que cuatro millones de jubilados endeudados y si bien no es un tema al cual me dedico de lleno, hay mucho hostigamiento que no tiene que ver con lo legal; las deudas se reclaman por vía judicial con un juez, un escrito o una cédula de notificación en el domicilio", explicó el profesional.


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Las maniobras de amedrentamiento telefónico suelen valerse de carteras de morosos vendidas por bancos o deudas prescriptas que no reúnen los requisitos para llegar a un tribunal. Ante estas situaciones, los cobradores apelan al temor de los abuelos con amenazas de embargos inmediatos sin sustento normativo.

Al detallar los derechos que amparan a los consumidores frente a los acosos informales, el especialista citó el marco regulatorio vigente para frenar las exigencias abusivas. "El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor prohíbe explícitamente las intimaciones extrajudiciales que utilicen cualquier medio para darle apariencia de reclamo judicial; frases como 'te voy a embargar a vos o a tu hermano si no pagás' son aprietes fuera de la ley", remarcó Carralbal.


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La vulnerabilidad frente a las herramientas digitales se manifiesta también en la aparición de cargos no autorizados, débitos indebidos o préstamos preaprobados tramitados mediante maniobras fraudulentas. La recomendación técnica exige acudir presencialmente a las entidades bancarias o presentar descargos formales ante los organismos de contralor financiero para evitar asumir compromisos inexistentes.

Frente a la toma de créditos en entidades financieras, el abogado insistió en la necesidad de analizar la totalidad de los rubros que integran las cuotas mensuales. "Cuando vas a pedir un préstamo tenés que exigir las condiciones por escrito y mirar el costo financiero total, porque a la tasa nominal le cargan gastos y seguros que terminan elevando la devolución a valores exorbitantes valiéndose de la necesidad de la gente", alertó el analista en #LA17.


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En el plano estrictamente previsional, la pérdida de empleo en personas adultas con afecciones de salud exige evaluar los caminos institucionales disponibles antes de la edad jubilatoria. Mientras el retiro transitorio por invalidez requiere acreditar un 66% de incapacidad laborativa ante una junta médica, la pensión por minusvalía exige un porcentaje menor cuando la dolencia se sostuvo durante la actividad laboral.

Al establecer las diferencias entre ambos regímenes asistenciales, el profesional detalló las condiciones fijadas para anticipar el retiro formal. "La minusvalía te pide un 33% de incapacidad y demostrar que laburaste con esa disminución durante los 10 años anteriores al cese; te permite jubilarte antes de los 65 años de la misma manera que por edad y es una ley que sigue vigente para salvar contingencias de salud", puntualizó Carralbal.

El trámite de las pensiones no contributivas por discapacidad atraviesa un período de demoras administrativas de entre tres y cuatro años debido a las auditorías del sistema nacional. Las solicitudes tramitadas a través de ANSES son derivadas a los organismos centrales en Buenos Aires, exigiendo un seguimiento periódico por parte de los beneficiarios para verificar que la documentación no quede paralizada por faltantes formales.

Respecto de las demandas por recomposición de haberes mal liquidados en el pasado, el abogado recomendó realizar simulaciones técnicas antes de entablar litigios contra la administración pública. En el cierre de la columna radial, el especialista previno sobre las expectativas de los reajustes. "Para reclamar un reajuste por la vía federal hay que hacer un estudio previo para saber qué le reclamás al juez; mucha gente pide reajustes cuando más de la mitad de sus años fueron comprados por moratoria y ahí no tenés margen de reclamo", concluyó Carralbal en #LA17.

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