Tierra del Fuego pide evaluación ambiental argentina para proyecto petrolero frente a Malvinas
Actualidad30/09/2026
REDACCIÓNTierra del Fuego se sumó a la causa judicial contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, pidiendo estudios antes de operar la plataforma "León Marino".
La Justicia Federal de Río Grande, por decisión de la jueza Mariel Borruto, ordenó el 16 de septiembre la abstención de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero conocido como “León Marino”. Esta medida cautelar, que suspende las acciones materiales vinculadas al emprendimiento, se dictó a partir de una acción preventiva impulsada por el CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
En ese marco, el Gobierno de Tierra del Fuego se presentó en la causa contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y reclamó que las compañías no puedan continuar con el emprendimiento sin una evaluación ambiental realizada por autoridades argentinas. La presentación provincial busca asegurar que todos los aspectos del proyecto sean examinados por la jurisdicción nacional.
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La provincia fueguina planteó que la discusión no puede quedar limitada a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, ubicadas a 220 kilómetros al sur del área del proyecto. En su escrito, sostuvo que el proyecto también involucra eventuales consecuencias ambientales, recursos naturales, responsabilidades económicas y posibles efectos que podrían alcanzar a otros países de la región. El gobierno provincial busca que el análisis judicial contemple escenarios que excedan la discusión estrictamente territorial.
El escrito de la Fiscalía de Estado provincial formuló el planteo de manera expresa al afirmar que «El proyecto León Marino no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes, con independencia de quién sea el que lo opere». La provincia reclamó que la ejecución del proyecto permanezca detenida hasta contar con una evaluación ambiental adecuada.
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Por otra parte, la posición de Tierra del Fuego incorpora una dimensión vinculada con la prevención de posibles daños a terceros países. El texto presentado sostiene que «El riesgo de León Marino no se agota en la controversia de soberanía: comprende también posibles daños a terceros países, responsabilidades ambientales, contingencias financieras y consecuencias sobre recursos naturales compartidos o conectados».
Otro de los fundamentos invocados por el gobierno de Gustavo Melella es la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento llama a las partes en disputa a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación de las islas mientras continúa el proceso de negociación de soberanía.
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En ese sentido, Tierra del Fuego consideró que el proyecto hidrocarburífero se encuentra alcanzado por ese principio de Naciones Unidas. La provincia calificó la eventual ejecución del proyecto "León Marino" como una «franca violación a la Resolución 31/49», reforzando el argumento de que no debe avanzar sin consentimiento argentino.
La intervención de la provincia incorpora al expediente la posición de un distrito directamente vinculado institucionalmente con la Cuestión Malvinas. La administración de Gustavo Melella sostiene que la defensa del archipiélago constituye una cuestión prioritaria para su distrito y para el Estado argentino, tal como se expresa en el escrito provincial: «La Cuestión Malvinas configura una causa central, prioritaria y de la mayor jerarquía para la Provincia de Tierra del Fuego y la Nación Argentina».
El ingreso de la provincia en la causa coincide con las acciones que el Gobierno nacional también sostiene contra las compañías involucradas en el proyecto. La explotación petrolera proyectada al norte de las Islas Malvinas adquirió una dimensión judicial, ambiental y diplomática, con distintas presentaciones destinadas a impedir el avance de las empresas.
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