Urgente: Diputados impulsan cautelar para frenar ventas de tierras a extranjeros
Política02/10/2026
REDACCIÓNLa medida judicial busca suspender los efectos del DNU 70/23 para evitar que se consoliden adquisiciones de inmuebles rurales antes de la definición parlamentaria.
La medida cautelar presentada por diputados busca evitar la consolidación de nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se define el futuro del artículo 154 del DNU 70/23. La acción judicial pretende impedir que operaciones realizadas durante la vigencia de la norma queden protegidas como derechos adquiridos, aun si el Congreso o una ley futura restableciera las restricciones.
Los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot fueron quienes impulsaron esta presentación judicial. La cautelar busca suspender los efectos del controvertido artículo 154 del DNU 70/23, que derogó las limitaciones impuestas por la Ley de Tierras para la compra de inmuebles rurales por foráneos.
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Esta iniciativa judicial surge luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado inconstitucional el mencionado artículo del decreto. La decisión del máximo tribunal dejó abierta la puerta a nuevas adquisiciones que los legisladores ahora intentan frenar con esta medida.
El planteo de los legisladores se suma a la ofensiva parlamentaria de los bloques opositores para intentar derogar el DNU 70/23 en su totalidad. En ese marco, los mismos diputados firmaron el pedido de sesión especial presentado ayer en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, donde se buscará debatir la derogación del decreto.
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Pichetto y Massot argumentaron en el escrito judicial que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia no reunió las condiciones previstas por la Constitución Nacional. Según sostuvieron, la decisión «no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU».
Los legisladores remarcaron que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables. Por lo tanto, a su criterio, el régimen aplicable a su disposición debe ser establecido únicamente por el Congreso de la Nación.
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La Ley 26.737 había establecido límites claros a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Además, la normativa derogada también fijaba restricciones vinculadas con la superficie que podía concentrarse en manos de titulares extranjeros.
Como parte de la medida cautelar, los legisladores solicitaron que se adopten medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales. Pidieron mantener actualizada la información sobre las adquisiciones ya realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad de la existencia del proceso judicial en curso.
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