Tierras, documentos falsos y remates: las maniobras que sacudieron a Río Negro

En distintos puntos de la cordillera rionegrina, terrenos de enorme valor quedaron involucrados durante años en denuncias por maniobras inmobiliarias, conflictos de posesión y operaciones cuestionadas. Los expedientes mencionados en una investigación publicada en 2017 describen métodos que iban desde documentos presuntamente falsificados hasta remates de lotes cuyos propietarios no recibían las intimaciones.

El problema no aparecía concentrado en una sola operación ni en un único actor. La investigación describió una trama en la que podían intervenir empleados públicos, abogados, escribanos, agrimensores, martilleros, inversores y personas vinculadas entre sí para detectar terrenos con deudas o propietarios ausentes y luego intentar quedarse con ellos.

Uno de los mecanismos señalados consistía en obtener información desde áreas estatales para localizar propiedades con deudas o situaciones dominiales poco claras. Con esos datos, según los testimonios reunidos, podían aparecer boletos de compraventa falsificados, ocupaciones de terrenos o expedientes destinados a llevar una propiedad hacia un remate. En algunos casos, las notificaciones se enviaban a domicilios donde el propietario nunca llegaba a enterarse del procedimiento.

La documentación ocupaba un lugar central en varias de las denuncias. Un profesional consultado por la investigación aseguró que en Bariloche una escribanía del Alto Valle ofrecía títulos falsos y sostuvo: “A mí mismo me lo han ofrecido”. También aparecieron referencias a informes de dominio con sellos presuntamente falsificados y a boletos de compraventa adulterados.

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Otro caso expuso el riesgo para quienes compraban sin conocer el verdadero origen de los papeles. Fabián adquirió un terreno luego de consultar a un abogado y verificar en Catastro que figuraba a su nombre, pero tiempo después apareció la verdadera propietaria, una mujer europea, y reclamó judicialmente la propiedad. El profesional que lo había asesorado le había advertido previamente: “Vos te arriesgás”.

Las denuncias también alcanzaron los procedimientos de remate. En 2004 se detectaron 50 expedientes de intimación de pagos y citaciones a subastas con cédulas o mandamientos vencidos, domicilios imprecisos y falta de planchetas catastrales identificatorias. Según la investigación, varios correspondían a terrenos baldíos y podían formar parte de un mecanismo mediante el cual los propietarios nunca conocían la deuda que terminaba llevando sus terrenos a remate.

La actuación de funcionarios públicos apareció vinculada a algunas de esas denuncias. Uno de los casos mencionados involucró al entonces exdelegado de la Agencia de Recaudación Tributaria de Bariloche, Federico Martínez, quien fue imputado por una operación relacionada con el remate de un terreno en Villa Campanario. La propiedad tenía una deuda de 5.537 pesos, fue subastada en 300.000 pesos y luego revendida por un valor superior, según la denuncia reseñada.

La Justicia también quedó cuestionada por la falta de avances en algunas investigaciones. Una denuncia presentada en 2009 ante la entonces Defensoría del Pueblo de Río Negro aportaba nomenclaturas catastrales, identidades, montos y domicilios, pero el expediente terminó estancado, según la publicación. La exdefensora Ana Piccinini sostuvo sobre aquella presentación: “Puse a consideración de la Justicia datos que realmente revelaban cuestiones dignas de ser investigadas y que involucraban a funcionarios públicos”.

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En paralelo, las disputas por tierras llegaron en algunos casos a situaciones de violencia. La investigación describió amenazas, hostigamientos, incendios, golpes y la contratación de fuerzas de seguridad privadas en conflictos por terrenos de alto valor, con especial referencia a episodios registrados en la Península San Pedro y otros sectores de Bariloche.

El caso de Península San Pedro concentró varias de esas características. Allí una disputa por terrenos valuados entonces en millones de dólares enfrentó a distintos grupos vinculados con procesos de usucapión, remates y proyectos inmobiliarios, mientras aparecieron denuncias cruzadas por ocupaciones, desmontes, alambrados y agresiones. Un enfrentamiento ocurrido en 2009 terminó con integrantes de una guardia privada reduciendo y maniatando a miembros del grupo contrario.

El episodio derivó además en una acusación contra un vecino que finalmente quedó desvinculado de los hechos. La Justicia determinó posteriormente que las torturas denunciadas habían sido inventadas y que Juan Ymaz había sido involucrado falsamente; los autores de la acusación terminaron condenados por falso testimonio agravado. La Cámara de Apelaciones también anuló posteriormente el trámite de usucapión que había dado derechos sobre parte de esos terrenos y cuestionó la ejecución de otros lotes.

Pero las denuncias no se limitaban a propiedades privadas. Otro tramo de la investigación puso el foco en la transferencia de grandes extensiones de tierras fiscales hacia sociedades vinculadas con el Grupo Burco, a partir de operaciones que el entonces diputado nacional Luis Bardeggia llevó a la Justicia. Según la denuncia citada, en pocos años se concentraron más de 24.000 hectáreas en una única unidad rural ubicada entre los departamentos de El Bolsón y Bariloche.

La particularidad de ese expediente estaba en la velocidad de las transferencias. Distintos campos adjudicados por el Estado a particulares terminaron poco después en manos de sociedades relacionadas con Burco, mientras algunas operaciones involucraban terrenos próximos a zonas fronterizas y sectores de alto valor ambiental. Bardeggia definió el proceso como “una verdadera sustracción de porciones de naturaleza”.

El conjunto de casos retratado en aquella investigación muestra que el conflicto por la tierra en la cordillera no se reducía a una disputa entre compradores y propietarios. Las denuncias involucraban mecanismos administrativos, documentación, procedimientos judiciales, remates, información catastral y, en algunos episodios, violencia física. El material también deja expuesta una preocupación central de quienes denunciaron esas maniobras: que el valor creciente de determinadas tierras conviviera con controles insuficientes sobre la forma en que cambiaban de manos.