Reembolsos patagónicos: cómo y cuándo se eliminó el beneficio que favorecía a los puertos del sur

La derogación se concretó el 2 de diciembre de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, y terminó con un sistema que otorgaba devoluciones adicionales de hasta el 13% por exportar desde puertos patagónicos. La medida modificó las condiciones de competencia para las terminales marítimas de la región y abrió una disputa por los costos logísticos y el empleo portuario.

El esquema de reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos llegó a su fin hace casi una década, cuando el Gobierno nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1199/2016. La decisión eliminó un incentivo que diferenciaba a las terminales ubicadas al sur del río Colorado y que, durante distintos períodos, había buscado compensar las desventajas económicas y geográficas de la región.

La norma se publicó en el Boletín Oficial el 2 de diciembre de 2016, con la firma del entonces presidente Mauricio Macri y los integrantes de su gabinete. El argumento oficial apuntó a la compatibilidad del régimen con los compromisos comerciales internacionales asumidos por la Argentina, aunque sus consecuencias también alcanzaron a las economías provinciales que dependían de la actividad exportadora.

El origen del sistema se remonta a 1983, cuando se sancionó la Ley 23.018, durante la última dictadura militar. La legislación estableció un beneficio adicional para las mercaderías que salieran al exterior por determinados puertos patagónicos, con porcentajes diferenciados según la terminal utilizada. El objetivo era incentivar el movimiento exportador en una región atravesada por mayores distancias, costos de transporte y condiciones productivas particulares.

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El régimen no se mantuvo de manera continua. En 1995 fue restablecido durante la presidencia de Carlos Menem y volvió a reactivarse en los últimos meses de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015. Esa última recuperación devolvió vigencia a una herramienta de promoción regional que buscaba favorecer el embarque de productos desde los puertos del sur.

Los porcentajes variaban de acuerdo con el lugar de salida de la mercadería. San Antonio Oeste, en Río Negro, y Puerto Madryn, en Chubut, contaban con un reembolso del 8%; Comodoro Rivadavia recibía el 9%; Puerto Deseado y San Julián, el 11%; Punta Quilla, Río Gallegos y Río Grande, el 12%; y Ushuaia alcanzaba el 13%.

En términos prácticos, el beneficio mejoraba el resultado económico de las operaciones exportadoras realizadas desde esas terminales. Para las empresas, podía incidir en la elección del puerto de embarque; para las economías locales, representaba una herramienta destinada a sostener el movimiento de cargas, los servicios asociados y los puestos de trabajo vinculados con la operatoria marítima.

La administración de Macri justificó la derogación con dos argumentos centrales. Por un lado, sostuvo que el régimen resultaba incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en materia de subvenciones a las exportaciones. Por otro, cuestionó el costo fiscal de mantener el mecanismo y planteó la necesidad de evitar distorsiones en la distribución de las cargas entre los puertos del país.

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El decreto expresó que era necesario adoptar medidas para evitar incompatibilidades con los acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina. También señaló que el sistema implicaba un «desmesurado sacrificio fiscal» para las cuentas públicas. Con esos fundamentos, el Poder Ejecutivo dispuso terminar con el incentivo asociado específicamente al uso de los puertos patagónicos.

La eliminación generó cuestionamientos desde las provincias del sur, que advirtieron sobre el impacto de la decisión en la competitividad de sus terminales. La preocupación se centró en que las empresas debían afrontar costos de transporte, combustible, salarios y operación propios de la región sin contar con la compensación adicional que ofrecían los reembolsos.

Uno de los riesgos señalados fue el desplazamiento de cargas hacia puertos bonaerenses, como Bahía Blanca, Mar del Plata y Buenos Aires. Sin el incentivo geográfico, algunas operaciones podían encontrar condiciones económicas más convenientes en terminales ubicadas más cerca de determinados centros productivos o con estructuras logísticas diferentes. Ese cambio podía reducir la demanda de servicios portuarios en localidades patagónicas.

Para terminales como Puerto Deseado, en Santa Cruz, y San Antonio Este, en Río Negro, el debate adquirió especial relevancia por la relación entre el movimiento exportador y el empleo local. La estiba, el transporte, los servicios a los buques y otras actividades vinculadas con las operaciones marítimas forman parte de una cadena económica que puede verse afectada cuando las cargas se trasladan hacia otros puntos de salida.

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Junto con la derogación de los reembolsos, el Gobierno nacional instrumentó cambios en los reintegros a la exportación mediante el Decreto 1207/2016. La medida elevó porcentajes para determinadas cadenas productivas regionales, entre ellas las peras y manzanas, cuyas alícuotas pasaron del 5% al 8,5%; las lanas, del 2,8% al 8,6%; y determinados productos pesqueros, como camarones y calamares, del 1,6% al 3,9%.

Sin embargo, ambos mecanismos respondían a criterios diferentes. Los reembolsos patagónicos estaban vinculados con el puerto utilizado para exportar, mientras que los reintegros se relacionaban con las características de los productos y sus cadenas de elaboración, sin exigir que la mercadería saliera por una terminal del sur. Por ese motivo, las provincias cuestionaron que el nuevo esquema no compensaba necesariamente las desventajas logísticas de la Patagonia.

La controversia puso en discusión dos objetivos de la política económica: reducir el costo fiscal y adecuar los incentivos a los compromisos comerciales internacionales, por una parte, y sostener la competitividad de los puertos patagónicos, por otra. Mientras el Gobierno nacional defendía la eliminación del régimen por sus implicancias fiscales y comerciales, los sectores vinculados con la actividad portuaria advertían que la medida podía profundizar las diferencias de costos con otras regiones.

A casi diez años de aquella decisión, la derogación del Decreto 1199/2016 constituye un antecedente central para entender la discusión sobre los costos de exportación en la Patagonia. La historia del régimen, desde su creación en 1983 hasta su eliminación en 2016, muestra cómo una herramienta de promoción regional puede convertirse en un punto de conflicto entre las políticas nacionales de comercio exterior y las necesidades económicas de las provincias del sur.