Postergado hasta el 27 de octubre el debate de la Ley Malvinas por falta de consenso en Diputados

La ley para sancionar empresas en las islas se frenó por objeciones de aliados y gestiones de Estados Unidos para proteger compañías.

Ante la falta de acuerdos, bloques como Provincias Unidas propusieron separar del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional el capítulo referido al agravamiento de las sanciones contra empresas que operan en las Islas Malvinas. La alternativa, que busca discutir ese componente de manera independiente, encontró resistencia en el oficialismo.

En paralelo, el bloque Unión por la Patria también manifestó su disposición para acompañar los primeros 40 artículos de la iniciativa. Sin embargo, esta posición no logró resolver las diferencias sobre el tratamiento integral del texto, ya que La Libertad Avanza decidió mantener el proyecto unificado, dejando sin efecto una de las alternativas para destrabar la discusión.

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Además de las negociaciones entre bloques, el oficialismo enfrenta objeciones de sus propios aliados sobre el contenido de la propuesta. Los reparos se centran en los artículos vinculados con la reorganización de las áreas de Defensa, Inteligencia y Seguridad Interior, así como en las atribuciones del Consejo de Seguridad y los mecanismos de control institucional.

Las gestiones de Estados Unidos también forman parte de las hipótesis políticas que explican la demora, aunque sin una confirmación pública concluyente. Según la información difundida, la administración de Donald Trump busca evitar que la futura ley afecte a empresas estadounidenses con actividades en las islas. Funcionarios de ese país ya mantienen contacto con compañías que recibieron notificaciones sobre posibles sanciones.

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La explicación formal del bloque de La Libertad Avanza para la demora apunta a la falta de tiempo, pero diputados opositores consideran que la intervención norteamericana pudo ser determinante. El proyecto ya quedó fuera de la sesión prevista para este miércoles y su tratamiento fue postergado.

Otro de los puntos cuestionados por los bloques que plantearon modificaciones es el papel que tendría el Congreso ante eventuales acciones militares. También observaron las penas de prisión contempladas para conductas como interferencia electoral, violencia o sabotaje promovidos por actores extranjeros, dificultando la construcción de un dictamen común.

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Finalmente, se estableció que la nueva fecha para el plenario de comisiones será el martes 27 de octubre. Hasta entonces, el proyecto seguirá sin dictamen y las negociaciones continuarán para intentar resolver las diferencias tanto con los aliados como con la oposición.