La Justicia brasileña ordenó medidas para garantizar el voto indígena en segunda vuelta

La decisión judicial obliga al gobierno a proporcionar transporte gratuito, alimentación y apoyo lingüístico para los 287.157 electores indígenas habilitados.

Brasil cuenta con 287.157 electores indígenas habilitados para votar en las elecciones de 2026, lo que representa un significativo aumento del 84% respecto a los comicios municipales de 2024. Estos datos, del Tribunal Superior Electoral (TSE) y citados por el Ministerio Público Federal, subrayan la creciente relevancia de la participación de estas comunidades en el proceso democrático.

En este contexto, la Justicia Federal de Brasil ordenó al Gobierno garantizar el transporte gratuito, la alimentación y el apoyo lingüístico necesario para que los electores indígenas puedan ejercer su derecho al voto. La decisión, dictada por la jueza federal Maria Carolina Valente do Carmo de Pará, rige para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 25 de octubre.

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La medida cautelar establece un plazo de 24 horas para la adopción de estas acciones y prevé una multa diaria de un millón de reales, equivalentes a unos 200.000 dólares, en caso de incumplimiento sin justificación. Esta resolución responde a una acción presentada por el Ministerio Público Federal (MPF).

El MPF había denunciado serias dificultades logísticas durante la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 4 de octubre, que incluyeron la falta de transporte, combustible y personal capacitado para comunicarse en las diversas lenguas indígenas. La orden judicial tiene alcance nacional y abarca la provisión de transporte fluvial, terrestre o aéreo, según las necesidades específicas de cada comunidad.

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La magistrada Maria Carolina Valente do Carmo resaltó en su fallo que las grandes distancias y la carencia de medios de transporte adecuados pueden obstaculizar gravemente el ejercicio del sufragio por parte de estas comunidades. La jueza señaló que «la distancia geográfica, asociada a la inexistencia de transporte accesible, puede transformar un derecho formalmente reconocido en una prerrogativa materialmente inviable».

Además del transporte y los alimentos durante los desplazamientos, la resolución obliga al Gobierno federal a otorgar apoyo financiero y logístico a los municipios que lo requieran para organizar estos traslados. Esto incluye el suministro de combustible, vehículos y embarcaciones para facilitar la movilización de los votantes.

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Para la correcta implementación de la medida, se establece la coordinación con entidades clave como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), la Secretaría de Salud Indígena, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. En los centros electorales donde sea necesario, se deberá disponer de intérpretes, facilitadores culturales y señalización en lenguas indígenas, una necesidad que se evidenció en estados como Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará y Pernambuco durante la primera vuelta.