Impulsan un proyecto para penar la explotación de recursos en Malvinas con hasta 20 años de cárcel
Política26/10/2026
REDACCIÓNLa iniciativa "Defensa de la Soberanía Nacional" se trata el martes en comisiones, pero el oficialismo enfrenta un panorama adverso por falta de acuerdos.
El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” impulsado por el Poder Ejecutivo prevé el endurecimiento de las penas por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas. La iniciativa establece sentencias de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en estas actividades, así como para quienes cooperen con ellas, y propone inhabilitar a las empresas para operar en la Argentina.
El oficialismo buscará dictaminar la propuesta este martes a las 16 hs en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto en el Anexo C de la Cámara baja. Sin embargo, según fuentes del interbloque Fuerzas del Cambio, el Gobierno todavía no cuenta con las firmas necesarias y enfrenta un panorama adverso en medio de negociaciones supervisadas por la Casa Rosada.
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La única modificación garantizada hasta ahora por los bloques dialoguistas es la del artículo 111, que penalizaba campañas de desinformación. «Aceptaron nuestra propuesta que viene de la legislación comparada, para que en vez de criminalizar las campañas de desprestigio que eran muy abiertas encontramos los tipos penales que están más definidos», comentaron fuentes consultadas por la Agencia NA.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional que estará encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros. Este órgano podrá disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, o suspender contrataciones ante una amenaza grave e inminente.
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Entre otros puntos, el proyecto autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso. Además, se incorpora la figura del juicio en ausencia para los delitos contemplados en la ley y se crea un registro público de infractores, con los cuales el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar.
Desde las bancadas de Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) se muestran escépticos sobre la posibilidad de firmar el dictamen este mismo martes, aunque estarían dispuestos a acompañar en disidencia. Existen otros reparos, como una propuesta no aceptada para incorporar dos diputados de la oposición en el Consejo de Seguridad y la preocupación por “la superposición de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de insfraestructuras críticas”.
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El camino del proyecto podría verse desplazado por otros temas que el Gobierno considera prioritarios, como el debate del Presupuesto 2027. Además, la agenda legislativa se complica por la visita del Papa y los feriados previstos para el 9, 10 y 11 de noviembre, sumado al viaje de una comitiva oficialista a Estados Unidos para presenciar las elecciones de medio término el 3 de noviembre.
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