Denuncian fraude en la quiebra de la pesquera Barillari y piden anular la liberación de activos
Actualidad27/10/2026
REDACCIÓNUn acreedor asegura que el juzgado comercial porteño a cargo del trámite ignoró una resolución de la Justicia de Mar del Plata que embargaba el 76% de las acciones.
En julio de 2026, la Justicia de Mar del Plata ordenó embargar el 76% del capital accionario de Antonio Barillari S.A. y suspender los derechos políticos correspondientes a esas acciones. La medida respondió a indicios preliminares de presuntas maniobras irregulares, simulación y fraude en la transferencia de los títulos, que estarían en poder de Open Sea S.A.
En ese marco, un acreedor representado por la defensa de Domingo López denunció presuntas irregularidades en el trámite concursal de la histórica pesquera marplatense. La presentación reclama que se suspendan las decisiones que habilitaron la liberación de garantías y apunta contra el juzgado comercial porteño y el síndico de la quiebra, el estudio Prebianca, Festugato y Asociados.
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Según la denuncia, el exhorto judicial con la resolución del embargo fue notificado al juzgado de la Ciudad de Buenos Aires el 20 de julio y recibido formalmente el 20 de agosto de 2026. Sin embargo, la defensa sostiene que el trámite continuó y que la sede comercial porteña ignoró la advertencia y procedió con la liberación de activos.
El expediente se desarrolla en dos frentes judiciales paralelos. La quiebra de la sociedad tramita ante el Juzgado Comercial N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el proceso falencial del accionista mayoritario, Francisco Barillari, está radicado en el Juzgado Civil y Comercial N.º 12 de Mar del Plata.
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Por otra parte, la defensa de López presentó un pedido de pronto despacho y solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender los efectos del avenimiento aprobado en la quiebra. También reclamó que se declaren nulas las liberaciones de garantías y que las actuaciones se remitan a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
El conflicto también afecta los recursos pesqueros de la empresa, ya que el juzgado marplatense dispuso otra medida de no innovar sobre el permiso de pesca y las cuotas de captura del buque Santa Bárbara. Esta resolución busca impedir transferencias por parte de Open Sea S.A., Mirabella S.R.L. o la propia concursada.
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Además, la presentación pone en duda la validez de una asamblea del 19 de agosto de 2024. La defensa afirma que el embargo y la suspensión de los derechos políticos sobre la mayoría del capital dejaron a la compañía sin un directorio habilitado para sesionar legalmente.
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