Marinero deberá pagar 20 millones de pesos por fracturar mandíbula a otro trabajador en Rawson
Actualidad29/10/2026
REDACCIÓNEl acuerdo judicial homologado por la jueza Laura Martini establece diez cuotas y restricciones de conducta por dos años para el agresor, que evitó el juicio oral.
La jueza de garantías Laura Martini homologó un acuerdo judicial que obliga a un marinero a pagar 20 millones de pesos en diez cuotas consecutivas por haber fracturado la mandíbula a otro trabajador en una pelea ocurrida en marzo de 2024 en el puerto de Rawson. Además del resarcimiento económico, el imputado deberá cumplir con restricciones de conducta durante dos años y no podrá acercarse a la víctima.
El acusado, identificado como Diego Lillo, aceptó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, mientras que la víctima, cuyas iniciales son H.F., sufrió una fractura de mandíbula y del arco ocular. El episodio que originó la causa ocurrió en el puerto de Rawson, donde un golpe de puño en el rostro provocó lesiones de consideración.
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A raíz de las heridas, H.F. no pudo continuar trabajando durante la temporada de pesca, afectando su continuidad laboral. Las consecuencias de la agresión excedieron el momento del enfrentamiento y motivaron el reclamo judicial.
Durante el período de dos años, Lillo deberá respetar una serie de condiciones que incluyen la prohibición de cometer nuevos delitos y la obligación de presentarse ante la Oficina Judicial de Rawson. También tendrá que mantener una conducta adecuada y evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y de sustancias prohibidas.
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El acuerdo también prohíbe a Lillo cualquier encuentro con la víctima, una restricción que busca impedir nuevos contactos entre los involucrados. El cumplimiento de todas estas condiciones impuestas será determinante para sostener el beneficio concedido mediante la suspensión del proceso.
La propuesta de suspensión de juicio a prueba contó con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y la abogada de fiscalía Etelvina Medina. La defensa de Lillo estuvo a cargo del abogado Pablo Sánchez, y el querellante fue Diego Cruceño, permitiendo encauzar el caso sin llegar a un juicio oral.
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De esta manera, la reparación de 20 millones de pesos constituye el compromiso económico central del acuerdo, que también incluye pautas de conducta personales. La víctima, H.F., es oriunda de Puerto Madryn y su incapacidad para trabajar durante la temporada de pesca fue una de las principales consecuencias de la agresión.
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