La justicia ordenó cumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario en medio de paros no docentes

Política02/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El fallo judicial exige la actualización salarial para docentes y nodocentes, además de reforzar las becas estudiantiles, mientras la FATUN anuncia tres jornadas de paro.

Marcha Universitaria (Infobae)
Marcha Universitaria (Infobae)

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 del Ejecutivo, que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó su cumplimiento inmediato. Esta medida judicial incluye la actualización salarial para docentes y nodocentes, además del refuerzo de las becas estudiantiles. La decisión se da en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno Nacional y nuevos paros universitarios.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció tres paros de 24 horas por parte del personal nodocente en todo el país. La primera jornada de protesta será este martes 3, seguida por otras dos para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Los gremios exigen una recomposición salarial de carácter «urgente» y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.


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La iniciativa de la FATUN responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el Gobierno Nacional. Además, busca defender el presupuesto asignado para el funcionamiento y la investigación de las casas de altos estudios. Desde la Federación señalaron que «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025. Sin embargo, supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara las fuentes de financiamiento y asignara las partidas en el Presupuesto.


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La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la normativa. El Gobierno fundamenta su accionar en la supuesta falta de previsión presupuestaria y un impacto fiscal negativo. A pesar de los fallos adversos del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional ha presentado recursos de apelación para no aplicar la norma judicial.

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