Proyecto para penar el “crimen de agresión” de un Estado contra otro con 25 años de prisión

La iniciativa del diputado Ramiro Gutiérrez busca implementar en la legislación argentina las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, ratificadas en 2017.

Un proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados busca completar la implementación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, que Argentina ratificó en el año 2017. La reforma propuesta apunta a incorporar de manera explícita el “crimen de agresión” en la normativa penal nacional.

El “crimen de agresión” se define como un ataque armado perpetrado desde la conducción política o militar de un Estado contra otro. Este delito puede comprender actos como una invasión, un bombardeo o un bloqueo de puertos, siempre que el hecho reúna la gravedad y escala para violar la Carta de las Naciones Unidas.

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La propuesta establece una escala de ocho a veinticinco años de prisión para los responsables de este delito. Además, la iniciativa del diputado massista Ramiro Gutiérrez modifica la ley 26.200 del año 2007 y dispone la imprescriptibilidad tanto de la acción penal como de la pena.

En cuanto a su aplicación, el proyecto precisa que la Justicia argentina podrá intervenir sin necesidad de una determinación previa del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar y juzgar. No obstante, la normativa mantiene las obligaciones de cooperación con la Corte Penal Internacional y respeta las inmunidades reconocidas por el derecho internacional.

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El impulsor de la medida, Ramiro Gutiérrez, explicó la necesidad de la reforma. «La Argentina asumió un compromiso internacional contra la agresión armada. Ahora necesitamos completar nuestra legislación para que los jueces tengan herramientas concretas para investigar y sancionar a los dirigentes responsables», sostuvo.

Además, el diputado de Unión por la Patria remarcó que la ley debe ser universal en su aplicación. «Defender la soberanía argentina exige también respetar la de los demás Estados. La regla debe alcanzar a todos los dirigentes, incluidos los nuestros: decidir una agresión debe tener consecuencias penales», expresó.

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Finalmente, Gutiérrez señaló que la implementación de la ley deberá estar acompañada de una adecuada capacitación judicial. También se requerirá capacidad especializada dentro del Ministerio Público Fiscal, junto con medidas específicas para preservar pruebas y proteger a los testigos involucrados.