La baja del impuesto a los combustibles y la reactivación de la obra pública, en el presupuesto

Tras la pausa por la visita papal, Diputados busca dictaminar la 'ley de leyes' el 17/11 y sesionar el 25, aunque las fechas no son firmes.

El oficialismo en la Cámara de Diputados apunta al martes 17 para obtener el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 y al miércoles 25 de noviembre para llevarlo al recinto. Estas fechas representan una reprogramación de una semana respecto al plan original, en un contexto de negociaciones activas con la oposición y los gobernadores.

La postergación se definió luego de que no se pudiera dictaminar el 28 de octubre, como preferían el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici. En una reunión previa con jefes de bloques aliados, se evidenció que las demandas de los gobernadores y las fuerzas dialoguistas aún no habían sido atendidas por el Poder Ejecutivo, lo que requería más tiempo para madurar los acuerdos.

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Sin embargo, el cumplimiento de los nuevos plazos no está asegurado. Un diputado nacional de La Libertad Avanza expresó sus dudas en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas y reconoció la incertidumbre sobre el cronograma. «Todavía no sabemos bien. Esas son las fechas que nos habían transmitido, pero hay cosas que nos exceden a nosotros y dependen del diálogo con la Casa Rosada, y de la negociación con gobernadores», admitió el legislador.

Entre los reclamos que atraviesan a casi todas las fuerzas políticas se encuentran la baja del impuesto a los combustibles y la reactivación de la obra pública en infraestructura vial. Estas son dos de las principales demandas que complican el avance de las negociaciones con las provincias.

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Por su parte, el PRO exige que la Nación salde la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Además, este bloque impulsa la rebaja del IVA a los huevos y sus derivados, una propuesta que coincide con un proyecto presentado por el peronista entrerriano Guillermo Michel.

En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) pide sostener la indexación automática por IPC de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones sociales. El radicalismo también exige que se contemplen los reclamos de los rectores de universidades nacionales para aumentar las partidas presupuestarias a 11 billones de pesos, en lugar de los 7,3 billones comprometidos en el texto oficial.

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Otro foco de conflicto abierto involucra a Córdoba y Santa Fe, provincias que esperan la firma del dictamen del proyecto de Biocombustibles para mejorar los cortes obligatorios en biodiesel y bioetanol. La falta de resolución en este tema condiciona votos que son clave para la aprobación del Presupuesto 2027.

Además, el oficialismo tiene en agenda otros proyectos como la Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La única fecha disponible antes del fin del período ordinario para tratar estas iniciativas es el miércoles 18 de noviembre, pero su tratamiento dependerá del avance de las conversaciones por la “ley de leyes”.

Por otra parte, los gobernadores de Misiones y Córdoba reclaman por las deudas previsionales que la Nación mantiene con las cajas jubilatorias de sus respectivas provincias. Este es otro de los puntos que forman parte del complejo entramado de negociaciones en el Congreso.