LA LEY ÓMNIBUS CON REFORMAS PROFUNDAS LLEGA AL CONGRESO

Este miércoles, el presidente Javier Milei hizo llegar al Congreso Nacional la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", un extenso proyecto conocido como la "ley ómnibus". Con 664 artículos repartidos en 351 páginas, la iniciativa aborda desde reformas electorales hasta cambios impositivos y desregulaciones, marcando un giro profundo en el mapa legislativo.

Amplio Alcance del Proyecto

La propuesta, entregada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lleva por título "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Su alcance es significativo, ya que toca temas cruciales como la reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo, y límites a las manifestaciones, entre otras cuestiones.

Entre las disposiciones destacadas se encuentra la derogación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la implementación de la boleta única de papel. Además, se contempla el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, se declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, y se otorga al Ejecutivo la facultad de privatizar empresas estatales.

Modificaciones en Instituciones Clave

La "ley ómnibus" también propone modificaciones en la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados y ajustes en el financiamiento de los partidos políticos. La cuenta oficial de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación comunicó la presentación, indicando que la iniciativa busca restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal de la Constitución Nacional de 1853.

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Objetivo del Proyecto

El primer artículo del proyecto establece su objetivo fundamental: "promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y el comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea necesaria para velar por los derechos constitucionales".

Con una veintena de leyes en su mira, el proyecto plantea cambios profundos en la legislación vigente, incluyendo la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones, considerando criterios de equidad y sustentabilidad económica.