EXTORSIÓN EN EL SUPA: FISCALÍA PIDIÓ PRISIÓN PREVENTIVA

Empresarios denunciaron pagos solicitados a cambio de mantener la actividad portuaria, afectando a estibadoras locales. Las pruebas refuerzan el caso.

Actualidad27 de septiembre de 2022Hector PerezHector Perez
Actividad en Puerto Rawson
Actividad en Puerto Rawson

Este jueves, la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson fue escenario del inicio de la investigación por extorsión contra la cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Chubut, enmarcada en la causa penal N°7771.

La Fiscal General de Rawson, Florencia Gómez, encabezó la audiencia y solicitó prisión preventiva por 5 meses para varios dirigentes sindicales, entre ellos Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef.

La denuncia de empresarios de la estiba señala que durante agosto y septiembre de 2023, los dirigentes del SUPA Chubut habrían exigido pagos monetarios a diversas empresas a cambio de no interrumpir la actividad portuaria.

La Fiscalía considera que estos actos constituyen un caso de extorsión que afectó significativamente a las estibadoras locales.

Hace unas semanas, los domicilios de los sindicalistas del SUPA fueron allanados por orden judicial, permitiendo el secuestro de teléfonos celulares que se convirtieron en pruebas fundamentales para la investigación.

Estos allanamientos confirmaron la documentación aportada por los denunciantes, que incluía transferencias bancarias como respuesta a solicitudes de coimas para garantizar la operatividad de las empresas de estiba.

Los empresarios también presentaron detalles sobre presuntas conversaciones por WhatsApp con Alexis Gutiérrez, líder sindical, donde se discutían las exigencias económicas a cambio de mantener la actividad portuaria. La investigación se profundiza con la cronología de los conflictos generados para descargar la flota, resueltos cuando se recibían los pagos solicitados.

Además, se destaca que Gutiérrez habría buscado la retirada de las denuncias mientras continuaba la discusión por el reajuste paritario, utilizando medidas de fuerza que afectaron la actividad portuaria.

La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas que respalden las acusaciones y la posible relación entre los hechos de extorsión y los conflictos laborales ocurridos en la región. 

   

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