JURISTAS Y ASOCIACIONES DE DERECHO CUESTIONAN REFORMA PENAL

El Gobierno de Chubut ha propuesto una reforma al Código Procesal Penal que ha generado un intenso debate entre los especialistas y la sociedad en general.

En las últimas horas se dio a conocer a la sociedad, un documento suscripto por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), la Asociación Argentina de Profesoras/es de Derecho Procesal Penal (AAPDP), la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).

Allí cuestionan que la reforma, impulsada bajo el pretexto de combatir la inseguridad, plantea cambios significativos en el sistema judicial de la provincia, a la vez que advierten que estas modificaciones podrían no ser la solución adecuada para los problemas de criminalidad que enfrenta Chubut.

Entre las críticas al proyecto de reforma aseguran que busca ampliar los plazos procesales y reducir la carga de trabajo de los jueces, lo que podría traducirse en una mayor burocratización y lentitud en el sistema judicial. Además, una de las principales preocupaciones es el intento velado de vaciar de competencias al juicio por jurados, lo que podría vulnerar principios constitucionales fundamentales.

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Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y otras asociaciones de profesionales del derecho, la reforma propuesta no aborda las verdaderas causas de la ineficacia del sistema judicial en Chubut. En lugar de extender los plazos procesales, argumentan que lo que se necesita es una mejor investigación por parte del Ministerio Público Fiscal y una mayor eficiencia en la labor policial.

Las estadísticas mencionadas por los críticos son reveladoras. En muchos casos, los delitos quedan impunes debido a la falta de identificación de los autores por parte de la policía. Además, la eficacia del Ministerio Público Fiscal en la resolución de casos penales es alarmantemente baja, con un alto porcentaje de casos sin respuesta efectiva.

Los expertos advierten que la reforma propuesta podría desviar la atención de los problemas reales del sistema judicial y otorgar a los fiscales y otros actores una excusa para no abordar las deficiencias en su funcionamiento. En lugar de buscar soluciones efectivas, se estaría postergando la resolución de los problemas subyacentes.

La discusión en torno a la reforma del Código Procesal Penal de Chubut plantea interrogantes importantes sobre el enfoque adecuado para mejorar la justicia penal en la provincia. Mientras algunos ven en la reforma una oportunidad para agilizar el sistema judicial, otros advierten que podría profundizar la ineficacia y desviar la atención de las verdaderas causas de la criminalidad. La decisión final recae en los legisladores, quienes deben evaluar cuidadosamente los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión.

ESTE ES EL TEXTO COMPLETO:

"Código Procesal Penal de Chubut: Una reforma inconstitucional e innecesaria
que sólo profundizará la ineficacia.

El Gobierno de Chubut hizo suyo un proyecto del Ministerio Público Fiscal para modificar el Código Procesal Penal. Pero los problemas de criminalidad de la provincia no se resolverán con reformas legislativas, sino con fiscalías y policías que trabajen mejor. La reforma va en el sentido exactamente opuesto, al facilitar la burocratización y la lentitud judicial. Además, en forma velada, pretende vaciar de competencia al juicio por jurados, un retroceso manifiestamente inconstitucional.

La Legislatura de Chubut se apronta a tratar un proyecto que, en nombre de la lucha contra la inseguridad, sólo permitirá que jueces, fiscales y policías empeoren su desempeño. El verdadero objetivo de sus redactores no es la mejora de la seguridad o la reducción del crimen, sino la eliminación de los plazos procesales y la reducción de la carga de trabajo de los jueces.

Chubut, pionera a nivel nacional en la disminución de los tiempos judiciales, cedería así ante la presión del órgano acusador, en detrimento del derecho de los imputados, de las víctimas y de la sociedad a tener una justicia rápida y eficaz.

Para colmo, la reforma introduce en su artículo 5º (modificatorio del 71 del CPPCh) un velado intento de
vaciar de competencias al juicio por jurados, al ampliar los juicios unipersonales. La confusa redacción del
artículo podría habilitar a que la ciudadanía vea vedado su derecho a participar de la administración de
justicia en la enorme mayoría de los casos.

Este retroceso es inconstitucional: una vez que las provincias cumplieron con la triple manda constitucional de implementar el juicio por jurados, no pueden retroceder ni reducir su competencia.
El Gobierno de Chubut se equivoca si cree que con este proyecto modificará las altas tasas de homicidio
u otros problemas de criminalidad que tiene la provincia.

El Ministerio Público Fiscal no necesita extender los plazos de sus investigaciones, sino investigar mejor.

Las estadísticas son elocuentes: 

• En algunos delitos, como los robos, 9 de cada 10 casos que ingresan a las fiscalías son con autor

  desconocido, en una clara muestra de las dificultades de la policía para investigar.

• Las tasas de eficacia del Ministerio Público Fiscal, llamativamente celebradas por la propia institución,

  muestran que en 2021 (último año disponible) el 92% de los casos penales quedaron sin ninguna

  respuesta mínimamente eficaz (condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios).

• En jurisdicciones como Trelew, el MPF judicializa apenas el 10% de los casos que le ingresan. Y, de los

  casos judicializados, el 21% corresponden a “tentativas de hurto en supermercados”. Es decir, delitos

  menores, fácilmente prevenibles y cuya persecución penal no afecta los mercados criminales que

  explican los verdaderos problemas de inseguridad de la provincia.

¿En qué mejorará la vida de la ciudadanía que los fiscales puedan demorarse aún más en cerrar los
casos? En nada.

Por el contrario, sólo reducirá las chances de que las fiscalías hagan lo que se necesita
para mejorar su eficacia: no gastar excesivos recursos en delitos menores y, de ese modo, poder asignar
más recursos a los casos verdaderamente graves y a los mercados que explican el aumento de la violencia,
como el de armas de fuego ilegales.

La criminalidad requiere soluciones eficaces. Sin dudas, mejorar la justicia penal es una de las medidas
necesarias. Pero la reforma propuesta no lograría esa mejora. Lo único que estaría haciendo el Gobierno
con esta ley sería conceder al Ministerio Público Fiscal y a los demás actores la excusa ideal para que sigan
sin hacerse cargo de sus problemas de funcionamiento. Si se aprueba, en unos pocos meses la realidad
demostrará la inutilidad de esta reforma y, con suerte, en ese entonces el Gobierno aceptará que el
problema no está en la ley, sino en las prácticas.

En vez de patear la pelota para adelante, ¿por qué no afrontar el verdadero problema ahora mismo?

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC)
Asociación Argentina de Profesoras/es de Derecho Procesal Penal (AAPDP)
Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC)
Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ)