RECHAZAN AMPARO DE CHUBUT POR AUMENTOS DEL GAS

La Defensoría del Pueblo de Chubut apelará la decisión que rechaza su legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los chubutenses frente a los incrementos tarifarios.
En un fallo que ha generado controversia y preocupación en la provincia de Chubut, la Justicia Federal de Rawson ha rechazado el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de Chubut contra los aumentos en las tarifas de gas. La titular de la Defensoría, Claudia Bard, anunció que la decisión será apelada para que se reconozca su legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos de Chubut.

Rechazo Judicial y Argumentos
La Sentencia Interlocutoria fue dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Rawson, bajo la supervisión del juez Hugo Sastre. El objetivo del amparo era regular la implementación de las medidas 122 y 41 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de Energía de la Nación, que establecieron considerables incrementos en las tarifas de gas natural en la provincia. No obstante, la sentencia rechazó la "legitimación activa" de la Defensoría del Pueblo de Chubut para intervenir en la "defensa activa de los derechos colectivos de los ciudadanos chubutenses".

Según la sentencia, las provincias y municipalidades solo pueden crear órganos para actuar dentro de sus respectivas competencias sin invadir las competencias del Gobierno federal u otras provincias o municipalidades. "Cuando las provincias crean defensorías locales, solo pueden crear órganos de control de sus propias administraciones", señala la resolución judicial. "Ninguna provincia ni municipalidad está facultada para crear un órgano que interfiera con el actuar de la Administración Pública Nacional. Los defensores del pueblo no tienen representación política del pueblo ni son custodios de los derechos del pueblo. Son órganos de control que las administraciones locales han instituido para controlar la marcha de sus propias administraciones", concluye la sentencia.

Frente a esta resolución, la Defensoría del Pueblo de Chubut emitió un comunicado subrayando la necesidad de defender los intereses de los ciudadanos de Chubut. Bard afirmó que la decisión judicial genera "un estado de indefensión para los ciudadanos de las provincias que ven avasallados sus derechos ante el accionar abusivo del Estado Nacional". Además, destacó que, en la situación actual, solo el Defensor del Pueblo de la Nación estaría legitimado para intervenir en estos casos, un cargo que actualmente se encuentra vacante.

El organismo confirmó que apelará la resolución del juez Hugo Sastre con la esperanza de que se reconozca su legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los chubutenses.

"LA QUITA DE SUBSIDIOS VA A IMPACTAR EN LA CLASE MEDIA"

Contexto y Relevancia del Caso
El aumento en las tarifas de gas ha sido un tema de gran preocupación para los residentes de Chubut y otras provincias argentinas. Las medidas 122 y 41 del ENARGAS y la Secretaría de Energía de la Nación han generado significativos incrementos en los costos de gas natural, impactando fuertemente en los hogares y las economías locales. Estos aumentos forman parte de una serie de ajustes tarifarios implementados por el gobierno nacional en un intento por equilibrar los costos de energía y reducir los subsidios.

La Defensoría del Pueblo de Chubut, bajo la dirección de Claudia Bard, ha argumentado que estos incrementos son desproporcionados y afectan negativamente a los ciudadanos, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. La apelación de la sentencia busca revertir esta situación y asegurar que los derechos de los chubutenses sean adecuadamente representados y defendidos.

Perspectivas y Implicaciones
La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones para la provincia de Chubut y potencialmente para otras regiones de Argentina. Si la apelación es exitosa, podría establecer un precedente significativo en cuanto a la capacidad de las defensorías provinciales para intervenir en la defensa de los derechos colectivos frente a decisiones del gobierno nacional. Este caso también pone de relieve la necesidad de una coordinación más efectiva entre los distintos niveles de gobierno para asegurar que las políticas energéticas sean justas y equitativas para todos los ciudadanos.