NACIÓN SACA A LA VENTA SUS ACCIONES EN REPRESAS DEL COMAHUE

El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, ha dado un paso crucial hacia la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, justo en un momento en que las concesiones de estas instalaciones estaban llegando a su fin. Este proceso incluye la represa Hidroeléctrica Ameghino, cuya concesión vence el próximo año, y otras importantes represas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, tales como El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, Alicurá, y Piedra del Águila.

A través de la resolución 718/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ha decidido prorrogar por un año más las concesiones de estas represas. Simultáneamente, se ha anunciado la apertura de un proceso de concurso para la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes de las sociedades que operan estas infraestructuras clave para la generación de energía en el país.

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El Artículo 6 de la resolución establece: "Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades: Alicurá S.A., Chocón S.A., Cerros Colorados S.A., y Piedra del Águila S.A.".

Actualmente, estas represas están operadas por compañías como Orazul Energy (Cerros Colorados), Enel (El Chocón-Arroyito), AES (Alicurá), y Central Puerto (Piedra del Águila). Sin embargo, el gobierno ya había anticipado, también a través del Boletín Oficial, la creación de cuatro nuevas sociedades anónimas que asumirán el control de estas represas bajo los nombres de los propios complejos hidroeléctricos. Estas entidades estarán lideradas por Juan Carlos Doncel Jones, actual titular de ENARSA, como presidente, y Rigoberto Mejía Aravena, también del directorio de ENARSA, como vicepresidente.

La decisión de avanzar con la privatización de las represas ha generado un fuerte malestar en las provincias de Neuquén y Río Negro. Ambas provincias reclaman una mayor participación en la gestión de las represas, respaldadas por la reforma de la Constitución Nacional, la cual establece que el agua utilizada por las centrales hidroeléctricas es propiedad de las provincias. Este conflicto refleja la tensión entre el gobierno central y las autoridades provinciales, quienes buscan asegurar que los recursos naturales que alimentan estas represas, y que son fundamentales para la economía local, permanezcan bajo su control y se utilicen en beneficio de sus comunidades.

La medida también ha despertado críticas por el impacto que podría tener sobre la soberanía energética del país, así como preocupaciones sobre el futuro de las tarifas y la inversión en infraestructura, temas que serán cruciales en los próximos meses a medida que se desarrolle el proceso de privatización.