CORRUPCIÓN: RECHAZAN INTENTO DE PROBATION A EX FUNCIONARIA

La jueza Karina Breckle resolvió que el caso de Carolina Pardo Said, exjefa de Compras del Ministerio de Seguridad, se debata en juicio oral. Breckle rechazó el acuerdo de juicio abreviado que habían presentado ambas partes, argumentando que el interés público prima sobre la resolución rápida de los delitos cometidos por funcionarios.

Pardo Said está imputada por haber realizado ocho contrataciones directas en beneficio de su pareja, Vicente García, para realizar trabajos de albañilería, electricidad y reparación de vehículos oficiales. El jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, sostiene que Pardo aprovechó su cargo para beneficiar económicamente a García.

El caso, que originalmente iba a resolverse en un juicio abreviado, incluye la acusación de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La exfuncionaria admitió su culpabilidad y había aceptado una pena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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Sin embargo, la jueza Breckle consideró que un juicio abreviado no era adecuado para este tipo de delitos. “Es fundamental que la sociedad tenga acceso al debate y conozca lo sucedido en estos casos de corrupción pública”, expresó en su fallo.

La decisión de la jueza fue tomada en una audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson, tras escuchar las propuestas de las partes. Rodríguez y el defensor de Pardo, Diego Cruceño, habían acordado una pena que incluía además trabajos comunitarios durante dos semanas.

A pesar del acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, la magistrada rechazó el juicio abreviado, considerando que los delitos cometidos por funcionarios públicos requieren de un juicio oral y público para garantizar la transparencia.

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Pardo Said ocupó el cargo de jefa de Compras desde enero de 2020. Durante su gestión, contrató a García para realizar múltiples tareas en el Ministerio de Seguridad, lo que generó sospechas de direccionamiento en las adjudicaciones.

Se estima que el presunto fraude ascendió a $1.092.700, monto que fue utilizado para pagar trabajos que en algunos casos ni siquiera fueron realizados por García, sino por personal del área de Logística de la Policía del Chubut.

Uno de los ejemplos más notorios de la supuesta defraudación incluye un trabajo de electricidad que, según el fiscal Rodríguez, presentaba un claro sobreprecio, lo que incrementó las sospechas de irregularidades en las contrataciones.

Si bien García fue sobreseído en la causa, Pardo Said deberá enfrentar un juicio oral bajo los cargos de defraudación, negociaciones incompatibles con su función y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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Los abogados defensores y el fiscal de Estado anunciaron que impugnarán la decisión de la jueza ante la Cámara Penal de Trelew. Argumentan que el juicio escabinado no modificará la pena, que sería la misma que la del juicio abreviado.

Breckle reiteró que la gravedad de los delitos cometidos por Pardo Said amerita un juicio oral y que es esencial que la comunidad sepa lo que ocurre en los casos que involucran fondos públicos.

El caso marca un precedente en la Justicia provincial, ya que se busca garantizar que los delitos de corrupción sean tratados con la debida transparencia para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.