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INVESTIGAN AL OPUS DEI POR TRATA DE MUJERES Y EXPLOTACIÓN
Tras dos años de investigación secreta, imputan a seis religiosos de alto rango del Opus Dei por trata de personas en Argentina. La iglesia negó los cargos.
ActualidadAyer
Sergio Bustos
Las imágenes del expediente.
La imputación alcanzó a máximas autoridades locales de la organización religiosa. La investigación reveló un patrón de explotación que duró cuatro décadas, en el que mujeres fueron sometidas a servidumbre.
El Opus Dei, una de las instituciones más influyentes dentro de la Iglesia Católica, enfrenta acusaciones graves. La justicia federal ha imputado a seis de sus líderes por trata de personas, bajo cargos que incluyen el reclutamiento de niñas y adolescentes para trabajos domésticos no remunerados.
Las víctimas, un grupo de al menos 44 mujeres, fueron captadas bajo falsas promesas de educación. Muchas de ellas eran menores de edad cuando ingresaron a las residencias del Opus Dei, con la promesa de que podrían estudiar. Nunca recibieron la educación prometida, sino que fueron obligadas a realizar tareas domésticas y a vivir bajo un estricto control religioso.
La investigación, iniciada en septiembre de 2022, fue encabezada por la Procuraduría contra la Trata de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3. Los fiscales Eduardo Taiano y su equipo presentaron la denuncia en junio de 2023, exponiendo un sistema de servidumbre que se mantuvo por más de 40 años. La justicia ha solicitado la indagatoria de los imputados.
Entre los acusados se encuentran los exvicarios regionales del Opus Dei en Argentina. Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urrestarazu, Gabriel Dondo y Mariano Fazio figuran en la lista de imputados. Estas personas ocupaban los más altos cargos dentro de la organización y dirigían la rama femenina de la prelatura.
Uno de los casos más emblemáticos es el de M.I.E., una mujer que fue reclutada en 1984. Ingresó al Opus Dei bajo la promesa de estudiar, pero en lugar de eso, pasó 31 años sirviendo a la organización sin ningún tipo de remuneración ni derechos laborales. Su caso es uno de los pocos que podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata de Personas, ya que la mayoría de las víctimas denunciaron los hechos antes de la entrada en vigor de esta ley.
La denuncia también incluye detalles sobre las tácticas de captación del Opus Dei. Las víctimas eran engañadas con promesas de educación y desarrollo profesional, pero una vez dentro de la organización, eran sometidas a un régimen de control total. Las mujeres tenían prohibido tener contacto con el mundo exterior y vivían en condiciones de aislamiento y manipulación psicológica.
El modus operandi descrito en la denuncia incluye prácticas de control disciplinario, aislamiento familiar y la imposición de votos religiosos, como la castidad y la obediencia. Este patrón de abuso no solo se dio en Argentina, sino que también está siendo investigado en otros países como España e Irlanda.
El caso de M.I.E. es el más reciente de una serie de denuncias que han surgido en los últimos años. La acusación formal contra el Opus Dei en Argentina podría sentar un precedente legal histórico, ya que es la primera vez que se imputan a líderes de la organización por delitos tan graves.
Las autoridades judiciales esperan que este caso abra la puerta a nuevas investigaciones en otros países. El Opus Dei ha negado categóricamente las acusaciones, y en un comunicado oficial, aseguró que las denunciantes fueron manipuladas y que se trata de malas experiencias individuales.
A pesar de las negativas de la organización, las pruebas reunidas por la justicia federal, incluyendo testimonios de las víctimas y documentos internos del Opus Dei, respaldan las acusaciones de trata de personas. La investigación sigue su curso y se espera que en los próximos meses se realicen las primeras indagatorias a los imputados.
En junio de 2023, la Fiscalía elevó un pedido de citación a indagatoria para cinco de los imputados. Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo serán llamados a declarar en las próximas semanas. Mariano Fazio, otro de los líderes implicados, actualmente reside en Roma, donde ocupa un alto cargo dentro de la jerarquía del Opus Dei.
La defensa de las víctimas ha solicitado que se incluya a Fazio en la lista de imputados, argumentando que su rol dentro de la organización fue clave para mantener el sistema de explotación. Sin embargo, hasta el momento, la justicia argentina no ha emitido una orden de captura internacional en su contra.
El caso también ha generado un gran interés internacional. Desde que la denuncia se hizo pública, otras mujeres de diferentes países han comenzado a alzar la voz y a compartir historias similares de abuso y explotación dentro del Opus Dei.
En España, por ejemplo, una mujer recientemente denunció haber sido sometida a condiciones de servidumbre similares. Las autoridades judiciales de ese país han comenzado a investigar el caso, y se espera que en los próximos meses se presenten nuevas denuncias en otros países europeos.
Este caso podría tener consecuencias devastadoras para el Opus Dei, una organización que hasta ahora había mantenido una reputación intachable dentro de la Iglesia Católica. El impacto de estas denuncias ya se está sintiendo en los círculos religiosos, y es probable que la orden enfrente una crisis de credibilidad sin precedentes.
La justicia argentina ha dejado claro que no se detendrá hasta que se haga justicia para las víctimas. El proceso legal contra los líderes del Opus Dei en Argentina podría marcar un antes y un después en la lucha contra la trata de personas en el país.
Las mujeres que sufrieron estos abusos han expresado su esperanza de que finalmente se les haga justicia. El testimonio de M.I.E., una de las víctimas más afectadas, ha sido clave para que la justicia avance con la imputación.
A medida que avanzan las investigaciones, se espera que nuevos casos salgan a la luz, tanto en Argentina como en el resto del mundo. El Opus Dei está en el centro de un escándalo global que podría cambiar la forma en que se percibe a la organización.
La opinión pública ha comenzado a cuestionar el rol de la Iglesia Católica en estos casos. La denuncia contra el Opus Dei ha generado un debate sobre el abuso de poder y la explotación dentro de las instituciones religiosas.
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