El proyecto contiene los requisitos para que los partidos políticos mantengan su personería jurídica. Será tratado en sesiones extraordinarias.
El trabajo parlamentario, que fuera aprobado en Comisión llega al recinto con la autoría de los diputados Antonio Marcelo Rubia y Andrea Toro.
El Proyecto de Ley N° 219/2024 presentado ante la Legislatura de la Provincia del Chubut tiene como objetivo implementar un sistema de arancelamiento para las prestaciones de salud pública en la provincia.
Este sistema estaría dirigido a personas con obra social o cobertura médica, así como a extranjeros categorizados como residentes transitorios o precarios, según lo estipulado por la Ley Nacional N° 25.871 de Migraciones. Con esta medida, se busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario provincial y mejorar la administración de recursos.
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El proyecto propone que las personas incluidas en estas categorías estén obligadas a demostrar la existencia de un seguro de salud válido o, en su defecto, solventar los costos de las prestaciones médicas por cuenta propia.
Sin embargo, se asegura que la atención en casos de urgencia, emergencia o situaciones de riesgo de vida será garantizada sin discriminación, independientemente del estatus migratorio o la capacidad de pago. Posteriormente, el Estado provincial podrá recuperar los costos incurridos.
Uno de los pilares de la propuesta es la creación de un Fondo de Recuperación de Salud, que se encargará de la facturación y cobranza de las prestaciones aranceladas.
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Los recursos generados serán destinados a fortalecer el sistema sanitario, promoviendo la adquisición de equipamiento médico, la mejora en la infraestructura hospitalaria y el pago de incentivos al personal de salud. Este fondo también busca garantizar una administración eficiente y transparente de los ingresos.
La Secretaría de Salud provincial será la autoridad de aplicación encargada de reglamentar el sistema. Se utilizará el nomenclador arancelario vigente del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) para determinar los costos de las prestaciones.
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Además, los efectores de salud pública deberán reportar sus ingresos y pendientes al Fondo de Recuperación para garantizar una correcta rendición de cuentas.
Finalmente, el proyecto prevé la derogación de normativas previas incompatibles con esta nueva regulación y establece la posibilidad de actualizar los valores arancelarios periódicamente. También se incluyen recomendaciones técnicas sobre la asignación de facultades reglamentarias, sugiriendo que estas sean atribuidas al Poder Ejecutivo.
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