La jueza María Laura Martini, ordenó medidas contra el sindicalista Luis Núñez tras una denuncia por presuntas amenazas realizadas en una reunión clave.
Política22/12/2024
Sergio Bustos
La denuncia fue presentada por tres diputados provinciales de Chubut: Daniel Hollman, Sixto Bermejo y Sandra Willatowski. Acusaron al dirigente gremial de intimidaciones.
El fallo también incluyó a dos abogados, pero luego se levantó contra ellos. Solo Nuñez enfrenta la prohibición de acercamiento.
La reunión se realizó para discutir la adhesión a la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Los gremialistas buscaban incidir en el debate.
Los diputados denunciaron un clima de agresividad durante el encuentro. Aseguran que se sintieron intimidados por el tono y las palabras usadas.
Nuñez habría afirmado que, según sus decisiones, “ellos iban a tomar medidas, incluso escraches en domicilios personales”. Esto generó alarma.
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La denuncia sostiene que las amenazas incluyeron menciones a familiares y bienes personales de los legisladores. Este hecho fue considerado grave.
El temor expresado por los diputados motivó la intervención judicial. La jueza consideró razonable adoptar medidas preventivas.
La prohibición de acercamiento dictada por la jueza Martini se extenderá hasta el 31 de diciembre. No se descartan futuras ampliaciones.
Durante la reunión también participaron otros gremialistas y abogados. Entre ellos, Luis Collio, de Camioneros, quien no fue denunciado.
Los diputados calificaron el episodio como una maniobra de amedrentamiento. Esto llevó a cerrar abruptamente la reunión.
La denuncia apunta también a Vanesa Peruzotti y Bautista Mora, abogados presentes. Aunque se levantaron los cargos contra ellos, el hecho generó controversias.
Peruzotti, además de abogada, preside la UCR de Puerto Madryn. Su participación en el hecho sumó tensión política al conflicto.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también se refirió al tema. En declaraciones recientes, marcó distancia de los gremialistas.
“No me van a amenazar para dar marcha atrás”, sentenció Torres. Rechazó las presiones y defendió la aprobación de la Ley de ART.
Torres acusó a algunos abogados de manipular a los trabajadores. Aseguró que el proyecto busca frenar estafas recurrentes en el sistema.
El mandatario destacó que muchos manifestantes desconocían los alcances de la ley. Esto, según él, reflejó un “manijeo” por parte de ciertos sectores.
La Ley de ART fue aprobada pese a las tensiones. Ahora, el foco está en las consecuencias judiciales del enfrentamiento.
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), liderado por Nuñez, quedó en el centro de la controversia. Su futuro dependerá de los avances del caso.
Los diputados de Despierta Chubut insisten en que las amenazas fueron claras. Su denuncia busca sentar precedentes para evitar futuros casos similares.
“No se puede tolerar la violencia en la política”, manifestaron los legisladores. Esperan que la justicia actúe con firmeza.
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El caso también expuso tensiones entre sectores gremiales y políticos en Chubut. Esto podría escalar en los próximos meses.
Las medidas preventivas dictadas buscan proteger a los legisladores. La justicia evaluará si son suficientes para garantizar su seguridad.
El STIA defendió a su líder y negó las acusaciones. Argumentan que las palabras de Nuñez fueron malinterpretadas.
Los gremialistas también apuntan contra la Ley de ART. Consideran que perjudica a los trabajadores y favorece a las empresas.
El debate sobre la ley generó divisiones profundas en la provincia. Varios sectores consideran que no se escucharon todas las voces.
Por su parte, los diputados aseguran que el proyecto fue analizado exhaustivamente. Defienden su aprobación como un paso necesario.
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El fallo de la jueza Martini es solo el comienzo. El proceso judicial podría extenderse más allá del plazo establecido.
La relación entre gremios y política enfrenta un nuevo desafío. Este caso podría marcar un antes y un después en Chubut.
La opinión pública está dividida. Mientras algunos apoyan a los diputados, otros consideran excesivas las medidas contra Nuñez.
La tensión en torno a la Ley de ART sigue vigente. Nuevas manifestaciones podrían reavivar el conflicto.
La justicia deberá balancear intereses para resolver el caso. La decisión podría sentar precedentes importantes en el ámbito gremial.
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