Federico Sturzenegger detalló cómo el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público guían las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
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El Gobierno anunció que en enero disolverá ocho fondos fiduciarios, incluyendo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), conocido por su gestión bajo dirigentes cercanos a Juan Grabois. La medida forma parte de un plan iniciado en 2023 que ya eliminó 15 fideicomisos.
El FISU fue creado en 2019 para financiar proyectos en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Parte de su financiación provenía del Impuesto PAIS, que dejó de tener vigencia esta semana.
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El Ministerio de Economía está preparando los decretos necesarios para oficializar el cierre definitivo del FISU y otros siete fideicomisos. "Estamos reordenando las obras y disolviendo los fondos," declaró un funcionario. Las obras no se detendrán, pero se financiarán con partidas presupuestarias específicas.
Además del FISU, el Gobierno eliminará el Fondo de Vivienda Social, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, entre otros. Estas decisiones buscan reducir la cantidad de fondos fiduciarios activos, que pasarán de 29 en 2023 a solo seis pendientes de cierre.
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Un fideicomiso es un instrumento utilizado para administrar fondos destinados a proyectos específicos. Sin embargo, han sido criticados por la falta de control y transparencia, lo que les ha valido la fama de "caja negra".
El FISU, financiado en parte por el Impuesto PAIS y otras fuentes, enfrentó reducciones en sus ingresos desde febrero, cuando el Gobierno recortó los aportes del impuesto del 30% al 1%. La eliminación de este tributo marcó el fin de la principal fuente de financiamiento del fideicomiso.
En 2024, el Gobierno ya había cerrado otros fideicomisos, como el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y el Fondo Fiduciario Progresar. Las disoluciones se justificaron en la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa y garantizar mayor control presupuestario.
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El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social será otro de los eliminados. Su cierre, junto al FISU, implica una reorganización de los recursos destinados a proyectos habitacionales y de infraestructura en sectores vulnerables.
El Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar también dejará de operar. Este fondo se utilizaba para apoyar iniciativas productivas en zonas rurales, pero el Ejecutivo planea integrar su financiamiento a programas más amplios.
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El Fondo Nacional del Manejo del Fuego será transferido a otros mecanismos presupuestarios. Su objetivo era financiar acciones contra incendios forestales, pero su continuidad dependerá de asignaciones específicas.
El Gobierno asegura que las obras en marcha no se discontinuarán. "La eliminación de los fideicomisos no afecta el compromiso con los proyectos," afirman desde el Ministerio de Economía.
La eliminación de estos fideicomisos busca reducir la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos. El Ejecutivo prioriza un sistema presupuestario centralizado que permita un mayor control y transparencia.
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El cierre de los fideicomisos no ha estado exento de críticas. Organizaciones sociales y dirigentes opositores cuestionan la capacidad del Gobierno para garantizar la continuidad de proyectos esenciales sin los fideicomisos.
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