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CHUBUT INTIMA A EMPLEADOS PÚBLICOS A CUMPLIR EL CENSO
El Gobierno provincial ordenó a los organismos estatales asegurar el cumplimiento del censo obligatorio. Podrían enfrentar cesantías por abandono de servicio.
Chubut05/01/2025
Sergio Bustos
Casa de Gobierno.
El Gobierno del Chubut publicó el Decreto 1872, intimando a los empleados estatales a cumplir el censo obligatorio. La medida aplica a la administración central y descentralizada, entes y organismos autárquicos.
Los organismos estatales deberán tomar medidas contra quienes no cumplan con el censo. El decreto instruye iniciar cesantías por abandono de servicio o faltas sin justificar.
La norma también exige intimar a los empleados no censados a regularizar su situación. Esta acción debe realizarse bajo apercibimiento de considerarse una falta grave.
Las departamentales de personal deberán verificar la situación laboral de los agentes. El decreto menciona que esto incluye confirmar la vinculación de cada empleado con el Estado.
El decreto establece plazos claros. Los organismos tienen 15 días hábiles para informar sobre las medidas tomadas a la Dirección General de Administración de Personal.
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Ignacio Torres, gobernador del Chubut, impulsa esta medida como parte de su gestión. La iniciativa busca garantizar transparencia y control en la administración pública provincial.
El censo obligatorio pretende identificar a los agentes activos en el sistema estatal. Las autoridades buscan detectar posibles irregularidades en la liquidación de sueldos.
El decreto establece que el incumplimiento será tratado como una falta grave. Esto podría derivar en sanciones disciplinarias y la cesantía del cargo.
Los organismos descentralizados también están alcanzados por la medida. Estos deben garantizar que todos sus empleados cumplan con el censo.
La norma indica que los organismos deben justificar cualquier liquidación de sueldos a empleados no censados. Esto busca evitar pagos indebidos o sin respaldo legal.
El decreto subraya la importancia de la regularización de los datos de los empleados. La transparencia y el orden administrativo son prioridades en la gestión actual.
Los organismos deben informar sobre empleados que no cumplen funciones o están desvinculados. Esto permitirá actualizar el registro oficial del personal activo.
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La medida también tiene un impacto financiero para la provincia. Evitar pagos indebidos podría generar un ahorro significativo en el presupuesto estatal.
El censo busca además mejorar la distribución de los recursos humanos en el Estado. Esto permitirá una gestión más eficiente de las tareas administrativas.
El gobierno asegura que la medida es clave para combatir la irregularidad. Esto incluye casos de empleados que no cumplen tareas pero siguen cobrando.
El decreto también fortalece la coordinación entre organismos estatales. La Dirección General de Administración de Personal centralizará la información.
Los sindicatos están atentos al impacto de esta medida. Algunos cuestionan posibles excesos en la aplicación de sanciones disciplinarias.
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El decreto no exime a ningún organismo del cumplimiento. Todos los entes deben garantizar la regularización de sus empleados.
El plazo para cumplir con el censo vence pronto. La norma establece 15 días hábiles desde la publicación del decreto para reportar avances.
Los empleados que no se hayan censado deberán justificar su situación. La falta de justificación podría derivar en la aplicación de sanciones.
El gobernador Torres reafirma su compromiso con la transparencia. Este censo se suma a otras iniciativas de control y modernización administrativa.
La medida podría sentar precedentes en la gestión de recursos humanos del Estado. Otros distritos podrían adoptar iniciativas similares en el futuro.
El gobierno provincial busca consolidar un sistema administrativo eficiente. Esto incluye reducir irregularidades y optimizar los recursos públicos disponibles.
La medida, aunque controvertida, apunta a resolver problemas estructurales. Las autoridades esperan resultados positivos en el corto y mediano plazo.
El decreto 1872 marca un nuevo enfoque en la administración pública.
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