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DESALOJO EN LOS ALERCES: LA OCUPACIÓN MAPUCHE BAJO LA MIRA
"La ley debe prevalecer sobre cualquier reclamo infundado", afirmó el gobernador Ignacio Torres, al referirse al desalojo de la comunidad mapuche Pailako.
Chubut07/01/2025
Sergio Bustos
El Parque Nacional Los Alerces.
El próximo 9 de enero se ejecutará el desalojo de la comunidad Pailako en el Parque Nacional Los Alerces. La medida fue dispuesta por el juez federal Guido Otranto.
El gobernador Ignacio Torres y Cristian Larsen, titular de Parques Nacionales, supervisarán el operativo. "Cumpliremos la orden judicial con total responsabilidad", indicó Torres.
La comunidad mapuche Pailako ocupa ilegalmente la seccional de guardaparques El Maitenal desde 2020. Alegan derechos ancestrales, aunque no presentaron pruebas concretas que respalden sus reclamos.
"No podemos permitir que la ilegalidad se imponga en áreas protegidas", sostuvo un representante de Parques Nacionales. El conflicto generó tensión entre las partes involucradas.
El desalojo se realiza tras la derogación de la Ley 26.160. Esta normativa suspendía desalojos en tierras ocupadas por comunidades indígenas, pero no resolvía los conflictos de fondo.
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Críticos señalan que las ocupaciones afectan la conservación de áreas protegidas. "Los parques nacionales deben ser preservados para todos los argentinos", expresó un funcionario local.
La comunidad Pailako asegura defender el medio ambiente. Sin embargo, vecinos de la zona denunciaron tala de árboles y caza en territorios ocupados por la comunidad.
Organizaciones sociales convocaron a resistir el desalojo. "Esto no es resistencia, es usurpación", afirmó un referente de la Cámara de Turismo de Esquel.
El gobernador Torres destacó la importancia de actuar con firmeza. "La ley no admite excepciones, incluso en casos de reclamos históricos", declaró en un comunicado oficial.
La ocupación también afecta el turismo en la región. Visitantes expresaron preocupación por la seguridad en Los Alerces, un parque nacional reconocido por su biodiversidad.
Parques Nacionales enfatizó que las áreas protegidas deben mantenerse libres de ocupaciones ilegales. "Estas acciones comprometen el desarrollo sostenible y el acceso público", explicaron.
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El conflicto refleja un problema más amplio en Argentina. "Las reivindicaciones territoriales deben resolverse dentro del marco legal", señaló un experto en derecho indígena.
La derogación de la Ley 26.160 dejó a muchas comunidades sin respaldo legal. Sin embargo, también expuso la falta de transparencia en algunos reclamos territoriales.
Críticos afirman que la comunidad Pailako utiliza el discurso ambiental como justificación. "La ocupación no contribuye a la conservación, la compromete", denunció un guardaparque.
El juez Guido Otranto justificó la medida al considerar agotadas las instancias de diálogo. "El desalojo es una decisión necesaria para garantizar el orden en la zona", argumentó.
La comunidad mapuche insiste en que sus derechos ancestrales son legítimos. No obstante, los tribunales han solicitado documentación que respalde estas afirmaciones.
El operativo será clave para definir la relación entre el Estado y las comunidades indígenas. "Debemos garantizar el respeto a las leyes y a la propiedad pública", expresó un funcionario judicial.
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Vecinos de Esquel manifestaron su apoyo al desalojo. "Es hora de recuperar el parque y evitar más conflictos", señaló un residente local.
La comunidad Pailako enfrenta críticas por su falta de disposición al diálogo. Organizaciones locales afirmaron que las negociaciones fueron rechazadas en varias ocasiones.
El operativo contará con un importante despliegue de seguridad. "Es fundamental evitar incidentes y proteger a todas las partes", aseguró el intendente Matías Taccetta.
El desalojo marcará un precedente para futuras ocupaciones en áreas protegidas. "La decisión reafirma que los espacios públicos no son negociables", concluyó un vocero de Parques Nacionales.
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