ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN CON POCAS PENAS Y MUCHO ENOJO SOCIAL

En una entrevista reciente de #LA17, el fiscal Omar Rodríguez, jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, reflexionó sobre el impacto de las bajas condenas en delitos de corrupción y la percepción pública de impunidad.

Rodríguez expresó que, aunque las condenas por corrupción son un avance significativo en términos de visibilizar y combatir este flagelo, las penas previstas en el Código Penal resultan insuficientes para satisfacer la demanda de justicia de la ciudadanía. “La gente siente que la corrupción sale barata porque muchas veces no termina en prisión efectiva”, explicó.

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En casos recientes, como el conocido “Ñoquis calientes”, la pena impuesta fue de tres años en suspenso, lo que significa que el condenado no cumplirá tiempo en prisión. Según el fiscal, esto refleja una problemática estructural: “Las penas por delitos contra la administración pública son bajas, y aunque se logre una condena, esta no siempre implica prisión efectiva. Es un problema legislativo”.

Rodríguez subrayó la necesidad de reformar la legislación para establecer penas más severas y eliminar la posibilidad de suspenderlas en casos de corrupción. “Una persona que roba al Estado no debería tener el beneficio de una pena en suspenso. El impacto de estos delitos no es solo económico, también erosiona la confianza pública e institucional”, afirmó.

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El fiscal recordó las dificultades para llevar adelante el juicio “Ñoquis calientes”, que comenzó con la acusación formal en 2021. “Hubo múltiples resoluciones y apelaciones que retrasaron el proceso. Incluso se dispuso un levantamiento del secreto bancario del denunciante de manera irregular, lo que complicó aún más el caso”, explicó Rodríguez.

Pese a las dificultades, el juicio concluyó con una condena. Sin embargo, el fiscal reconoce que la falta de penas más severas limita el impacto disuasorio de las condenas. “Las condenas por corrupción deben ser ejemplares para marcar un cambio en la cultura de impunidad que rodea a estos delitos”, sostuvo.

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Rodríguez destacó que el combate a la corrupción no puede depender únicamente del sistema judicial. “El cambio debe ser cultural y estructural. Necesitamos una sociedad educada en valores cívicos y éticos, donde la corrupción sea rechazada desde la raíz”, afirmó. También mencionó la importancia de leyes como la de Ficha Limpia, que busca inhabilitar a los condenados por corrupción para ocupar cargos públicos.

El fiscal insistió en que los esfuerzos deben enfocarse en generar conciencia colectiva sobre los daños que causa la corrupción. “Aunque las penas actuales sean insuficientes, cada condena es un paso hacia una mayor transparencia y un llamado a la acción para reformar el sistema”, concluyó.

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A pesar de los desafíos, Rodríguez expresó optimismo sobre el futuro. “La sociedad está cada vez más atenta a estos casos, y eso es una herramienta poderosa para exigir cambios. Si trabajamos juntos: fiscales, jueces, legisladores y ciudadanía, podemos avanzar hacia un sistema más justo y menos permisivo con la corrupción”, finalizó.