El juzgado de Lijo enfrenta cuestionamientos por la inacción en expedientes de alto impacto político y económico. Casi un tercio de sus 89 causas de corrupción sigue en etapa inicial. Esto incluye casos emblemáticos como YPF y Siemens, que han marcado la agenda judicial del país.
El caso YPF es uno de los más resonantes. La expropiación y el supuesto vaciamiento de la petrolera dejaron una condena internacional de US$16.000 millones. En el expediente, figuran como imputados exfuncionarios kirchneristas y empresarios vinculados al poder.
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La causa Siemens, iniciada en 1998, denuncia sobornos para obtener la licitación del Proyecto DNI. A 26 años, la investigación aún no esclarece las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados. El expresidente Menem, señalado en este caso, falleció sin ser condenado.
Otro caso paradigmático es el del grupo Eskenazi y su relación con la compra de YPF. Tras 16 años, el expediente no registra avances significativos. Recién en 2023 se enviaron pedidos de información a la justicia española.
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El impacto económico y social de estas demoras judiciales es inmenso. Organismos internacionales y ONGs nacionales critican la falta de resultados en procesos de corrupción estructural. Según Inecip, Lijo tiene el peor desempeño de Comodoro Py.
Los cuestionamientos también apuntan a la falta de procesamiento o sobreseimiento de figuras como Amado Boudou, Julio de Vido y Carlos Zannini. “Las estadísticas judiciales no reflejan el esfuerzo real de los jueces”, se defendió Lijo en el Senado.
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Además, casos como el de Florencio Randazzo, que lleva una década abierto, continúan generando polémica. Denuncias por abuso de autoridad y fraude permanecen estancadas en su juzgado. Esto afecta la confianza pública en el sistema judicial.
Las demoras judiciales se agravan en casos de criminalidad trasnacional. Lijo destacó que los exhortos internacionales tardan un promedio de seis meses. Sin embargo, el problema parece ser más amplio y estructural.
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La falta de resoluciones también incluye expedientes contra funcionarios de menor rango. Casos como los de Katya Daura o Julio César Barreto siguen abiertos pese a sobreseimientos parciales. Esto muestra un patrón de procesos inconclusos.
La opinión pública cuestiona si Lijo es apto para la Corte Suprema. Su historial refleja un juzgado donde las causas complejas permanecen dormidas durante años. Críticos lo acusan de ser “tiempista” y estratégico en sus movimientos.
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Organizaciones como ACIJ señalan la necesidad de mayor transparencia en el manejo de estos expedientes. “No se trata solo de plazos, sino de voluntad política y judicial”, aseguró un portavoz de la ONG.
En los últimos años, el sistema judicial ha sido blanco de críticas por su supuesta selectividad. Los casos de corrupción parecen avanzar o detenerse según intereses políticos. Esto debilita el principio de justicia igualitaria.
La nominación de Lijo para la Corte Suprema reaviva el debate sobre la reforma judicial. Mientras tanto, 13 causas emblemáticas siguen sin resolución, dejando un vacío de justicia que impacta al país entero.
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