NUEVO EMBARGO CONTRA ARGENTINA: FONDOS BUITRE SE QUEDAN CON US$210 MILLONES
Un tribunal de Nueva York habilitó la retención de millones de dólares de una cuenta del Banco Central. Los acreedores siguen avanzando con reclamos por el default de 2001.
Actualidad07/02/2025
REDACCIÓN
Un fallo autorizó el embargo de 210 millones de dólares
La jueza federal Loretta Preska autorizó el embargo de US$210 millones pertenecientes a una cuenta del Banco Central argentino en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta medida favorece a los fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda y continúan litigando contra el país.
El fallo de Preska también congeló otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores resuelvan su disputa interna. Attestor Master y Bainbridge Fund reclaman estos fondos, lo que retrasa su cobro definitivo.
Esta decisión se suma a otro embargo reciente de US$325 millones que bonistas lograron ejecutar en Londres. Ese dinero formaba parte de una garantía depositada por Argentina para apelar un fallo en contra por el pago del cupón PBI.
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Los acreedores que se beneficiaron con esta ejecución judicial son Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald. Estos fondos alegaron que el país manipuló el cálculo del PBI para reducir los pagos que debían recibir en 2013.
Los bonos Brady, cuya garantía fue embargada en Nueva York, fueron utilizados en los años '90 como respaldo de la deuda argentina. Ahora, los fondos litigantes aprovecharon esa reserva para cobrarse parte de los montos reclamados.
Estos reveses judiciales llegan en medio de la transición del equipo legal del Gobierno. Santiago María Castro Videla asumió como procurador del Tesoro tras la salida de Rodolfo Barra y debe hacer frente a una serie de juicios millonarios.
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El mayor problema que deberá gestionar el nuevo funcionario es la causa por la estatización de YPF en 2012. Argentina fue condenada a pagar US$16.000 millones a los accionistas minoritarios, un fallo que sigue sin resolución final.
Los embargos internacionales complican la estrategia financiera del país y afectan su capacidad de acceso al crédito. El Gobierno sigue buscando alternativas legales para mitigar el impacto de estas decisiones.
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