La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que impide a condenados por corrupción y otros delitos ser candidatos a cargos públicos. Si la norma avanza en el Senado y se convierte en ley, Cristina Kirchner no podrá postularse en futuras elecciones.
Tras un intenso debate y varias demoras en la sesión, el resultado final fue de 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. La votación generó un fuerte cruce entre legisladores, con el oficialismo impulsando la medida y el kirchnerismo denunciando una supuesta "proscripción".
Desde el bloque de Unión por la Patria calificaron la iniciativa como un intento de eliminar políticamente a la expresidenta. Legisladores cercanos a Cristina Kirchner sostuvieron que la propuesta busca modificar las reglas electorales en un año clave para el peronismo.
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El presidente Javier Milei había insistido en la necesidad de avanzar con esta ley, tras dos intentos fallidos en diciembre debido a la falta de apoyo en el Congreso. Durante el verano, el Gobierno envió nuevamente el proyecto, logrando el respaldo de sectores dialoguistas.
Si el Senado aprueba la norma sin modificaciones, los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, abuso sexual, narcotráfico y otros delitos graves quedarán inhabilitados para competir en elecciones. Esta restricción regirá mientras no haya una absolución definitiva.
El oficialismo celebró la aprobación en Diputados, destacando que “quien robó no puede volver a presentarse para manejar fondos públicos”. Varios legisladores libertarios sostuvieron que la medida fortalece la transparencia en la política y alinea a Argentina con estándares internacionales.
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Desde el kirchnerismo, en cambio, aseguraron que la ley "es un traje a medida para dejar afuera a Cristina". Argumentaron que la vicepresidenta no tiene una condena firme, pero que la nueva legislación podría impedirle ser candidata.
La iniciativa ahora pasará al Senado, donde el panorama es incierto. Si la norma es aprobada sin cambios, quedará promulgada y Cristina Kirchner quedaría fuera de las elecciones de 2025 y 2027. En caso contrario, el proyecto deberá regresar a Diputados para su revisión.
El debate sigue abierto y la presión política se intensifica. Mientras el oficialismo asegura que la medida busca sanear la política, el peronismo la ve como un ataque directo. El desenlace en el Senado será decisivo para el futuro electoral de la exmandataria.
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