ESCÁNDALO CRIPTO: EL GOBIERNO DICE QUE MILEI FUE "ESTAFADO"

El escándalo por el lanzamiento fallido de la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos. Desde el Gobierno afirmaron que Javier Milei fue "estafado en su buena fe" y que desconocía el funcionamiento del activo digital. Insisten en que el Presidente no tuvo responsabilidad en la operación que generó millonarias pérdidas a los inversores.

Para despegarlo del escándalo, en Casa Rosada señalaron que el mandatario solo sabía que se trataba de un proyecto vinculado a tokens digitales. "Nunca estuvo al tanto del mecanismo de fondeo ni de cómo funcionaba la cripto", aseguraron. Además, dejaron abierta la posibilidad de denunciar a los responsables del esquema financiero.

Milei llegó a la Casa Rosada este lunes por la mañana, trasladando sus reuniones desde la Quinta de Olivos. Lo acompañaron su vocero Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de un fuerte hermetismo. Ningún funcionario, salvo Patricia Bullrich, fue autorizado a hacer declaraciones sobre el tema.

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En los pasillos del Ejecutivo reconocen que Milei tuvo vínculo con Mauricio Novelli, uno de los traders detrás de $LIBRA. También admiten que el Presidente participó en eventos organizados por la firma NW Professional Traders. Sin embargo, aseguran que su rol fue meramente académico y que nunca formó parte del negocio.

Otro nombre que aparece en la trama es el de Hayden Davis, con quien Milei tuvo reuniones en el último año. Davis es directivo de Kelsier Ventures y estuvo en contacto con el mandatario hasta el 30 de enero. Junto a él, aparecen Julian Peh y Manuel Terrones Godoy, todos relacionados con la empresa KIP Protocol.

En Casa Rosada niegan cualquier responsabilidad del Gobierno en las pérdidas millonarias que sufrieron los inversores. "No es una estafa, pero si hay un estafado acá es Milei", argumentan en su entorno. Señalan que los traders deben resarcir a los damnificados con el dinero recaudado en el lanzamiento.

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El oficialismo rechaza de plano cualquier ajuste en el Gabinete como consecuencia del escándalo. Aseguran que Karina Milei y otros integrantes de la mesa chica no participaron en el entramado financiero. Además, deslizan que los pedidos de cambios provienen de sectores del PRO.

El comunicado del PRO generó malestar en el Gobierno, que lo consideró "mezquino". El partido de Mauricio Macri expresó su "preocupación" por el caso y pidió que se investigue el tema. Sin embargo, aclaró que no apoyará un juicio político contra el Presidente.

Desde Balcarce 50 vinculan la reacción del PRO con la tensión entre Milei y el macrismo. "Parece que lo escribió alguien desde Uspallata", ironizaron en referencia a la sede del gobierno porteño. La relación con Jorge Macri también atraviesa un momento delicado.

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Mientras tanto, el oficialismo intenta minimizar el impacto del escándalo en la imagen presidencial. "No afecta la credibilidad de Milei", aseguran sus asesores. Argumentan que la polémica tuvo un nivel de repercusión similar a la marcha universitaria, pero sin consecuencias políticas graves.

A pesar de la estrategia de defensa, en el Congreso se multiplican los pedidos de informes sobre $LIBRA. La oposición busca explicaciones sobre el rol del Presidente y su entorno en la promoción de la criptomoneda. También se analiza si hubo incumplimientos en las regulaciones financieras vigentes.

El discurso libertario se mantiene firme en su versión de los hechos. En el Gobierno insisten en que Milei solo confió en el proyecto y fue engañado. Ahora esperan que los responsables de la cripto respondan por las pérdidas de los inversores.

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El Presidente tiene previsto grabar una entrevista para aclarar su participación en el lanzamiento de $LIBRA. La emisión del reportaje se espera para la noche de este lunes y será clave para su estrategia comunicacional. Buscan despejar dudas y cerrar el capítulo con un mensaje contundente.

Por ahora, el Gobierno se enfoca en trasladar la responsabilidad a los traders y marcar distancia del escándalo. La apuesta es mantener la estabilidad política y evitar que la controversia afecte la agenda económica. Sin embargo, la presión sigue en aumento y el caso aún no parece cerrado.