
Por Horacio Barrios
El Tribunal de Impugnación confirmó la condena a 18 meses de prisión en suspenso para tres integrantes de la lof Quemquemtreu y rechazó apelación.
Actualidad18/02/2025El Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó la apelación de la defensa de tres miembros de la lof Quemquemtreu. La decisión ratifica el desalojo de la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero y mantiene la condena de 18 meses en suspenso.
Los condenados son Romina Jones, Lautaro Despo y Javier Morales. La acusación inicial incluyó a otras cuatro personas, pero fueron absueltas. El litigio se centra en 10 hectáreas dentro de un lote de 2.500 hectáreas adjudicado a Rolando Rocco.
Durante la ocupación, ocurrida en septiembre de 2021, Elías Garay fue asesinado por contratistas vinculados a Rocco. Este hecho generó una gran conmoción en la región y puso el foco en el conflicto territorial.
La abogada defensora Andrea Reile argumentó que la comunidad mapuche tiene derecho al retorno territorial. "La conexión espiritual con la tierra no requiere una ocupación continua", sostuvo en su apelación.
Por el contrario, los representantes de Rocco indicaron que los acusados no tenían un asentamiento previo en la zona. "Irrumpieron con clandestinidad y generaron perjuicios económicos a nuestro defendido", expresaron en su alegato.
El Tribunal de Impugnación sostuvo que la ley penal argentina "no acepta las vías de hecho" y que cualquier reclamo territorial debe canalizarse por mecanismos legales. "Las comunidades indígenas tienen disponible una vía reivindicativa a través del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas", afirmaron los jueces.
Los magistrados también destacaron que la falta de una ley de propiedad comunitaria "no habilita la ocupación de un predio sin autorización previa". Así, rechazaron los argumentos de la defensa y confirmaron el fallo de primera instancia.
Este dictamen se suma a otra decisión similar tomada la semana pasada. El mismo tribunal ratificó la orden de desalojo de la comunidad Buenuleo, asentada en Bariloche. En ambos casos, la Justicia insistió en que las ocupaciones no pueden reemplazar los reclamos formales.
Por Horacio Barrios