El oficialismo destacó que el respaldo de 129 diputados, provenientes de diversos bloques políticos. "Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme" dijo Milei.
PROYECTO PARA PENALIZAR EL USO VIOLENTO DE REDES SOCIALES POR FUNCIONARIOS
Buscan modificar el Código Penal para sancionar a los funcionarios que inciten a la violencia o ataquen a instituciones a través de plataformas digitales.
Política25/02/2025
Sergio Bustos
Se presentó en la Cámara Baja.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y establecer sanciones para funcionarios públicos que utilicen redes sociales de manera violenta o para incitar a la confrontación. La iniciativa busca evitar la propagación de discursos agresivos y fomentar un uso responsable de las plataformas digitales.
El documento fue firmado por 15 legisladores, en su mayoría del Bloque de Unión por la Patria. También acompañó la propuesta una diputada de la Unión Cívica Radical, evidenciando un consenso parcial dentro de la oposición al actual gobierno.
Los firmantes argumentaron que en los últimos años se incrementó el uso de redes sociales para difundir información falsa, insultar a figuras políticas y generar ataques contra instituciones democráticas. Señalaron que este fenómeno afecta la paz social y debilita la confianza en el sistema político.
La propuesta modifica el artículo 212 del Código Penal y establece penas de prisión de dos a cuatro años. Además, prevé un aumento de un tercio en la condena cuando el delito sea cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.
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El proyecto establece que las sanciones no solo aplicarán a publicaciones directas, sino también a interacciones digitales que impliquen difusión o adhesión a mensajes violentos, como replicaciones, "me gusta" o compartidos en redes sociales.
"El uso irresponsable de redes sociales por parte de funcionarios públicos tiene consecuencias graves", afirman los legisladores. Argumentan que las plataformas digitales deben utilizarse para el debate respetuoso y no como un medio de confrontación o desinformación.
En los fundamentos del proyecto, los diputados advierten sobre la polarización creciente en la sociedad y cómo ciertos actores políticos han utilizado las redes para generar división, intimidar a opositores y atacar a ciudadanos o medios de comunicación.
"El presente proyecto busca reforzar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos", señala el texto. La normativa no pretende limitar la libertad de expresión, sino garantizar un uso responsable de las herramientas digitales en el ámbito institucional.
El proyecto enfatiza la importancia de mantener un comportamiento ético en redes sociales. Se destaca que los funcionarios tienen una responsabilidad adicional debido a su influencia en la opinión pública y su impacto en el debate social.
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"Es indispensable que las redes sociales sean un espacio donde se fomente el debate saludable", sostienen los legisladores. Consideran que la regulación evitará abusos de poder y permitirá que los ciudadanos confíen en sus representantes.
El documento también menciona casos recientes donde declaraciones agresivas en redes sociales generaron conflictos políticos y sociales. Advierten que, sin regulación, el problema continuará agravándose.
"Los funcionarios públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo", remarcan. Afirman que quienes ocupan cargos de relevancia no pueden actuar con la misma impunidad que un ciudadano común en redes sociales.
Los impulsores del proyecto aseguran que la iniciativa se alinea con regulaciones de otros países. En diversas naciones ya existen normativas que sancionan el uso indebido de plataformas digitales por parte de figuras públicas.
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La propuesta genera debate en el Congreso. Mientras algunos sectores consideran que es una medida necesaria, otros advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y cuestionan la subjetividad de los términos empleados en el texto.
En la oposición, algunos dirigentes manifestaron su preocupación sobre la posibilidad de que la ley sea utilizada con fines políticos. Señalaron que la interpretación de "incitación a la violencia" podría ser manipulada para perseguir a opositores.
Los diputados que impulsan la normativa insisten en que el proyecto tiene un objetivo claro: reducir el discurso de odio en redes sociales. Sostienen que no se trata de censura, sino de establecer límites éticos para el uso de plataformas digitales en la política.
Desde el oficialismo aún no hubo una postura formal sobre la iniciativa. Sin embargo, algunos referentes del gobierno expresaron su rechazo a cualquier tipo de regulación que limite la expresión en redes sociales.
El proyecto fue remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales. Se espera que en las próximas semanas se inicie el debate legislativo y se realicen modificaciones antes de su posible tratamiento en el recinto.
El resultado de la discusión será clave para el futuro de la regulación de redes sociales en el país. Con una sociedad cada vez más digitalizada, el uso responsable de estas herramientas se vuelve un tema de creciente importancia en el ámbito político.
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