SASTRE LE DIJO “NO A LUGAR” A CONCEJALES DE TRELEW

El fallo judicial establece que los documentos no pueden ser entregados al Concejo mientras continúa el proceso de intervención, lo que ha generado malestar en el cuerpo legislativo local.

El Concejo Deliberante de Trelew había solicitado formalmente el acceso a los informes elaborados durante la intervención de la Cooperativa Eléctrica. La presidenta del cuerpo, Claudia Monají, presentó la solicitud en representación de todos los concejales. Argumentaron que la información es clave para evaluar el impacto de la gestión del interventor y para garantizar la transparencia en el manejo de un servicio esencial.

El juez Hugo Sastre resolvió rechazar la solicitud. En su resolución, el magistrado explicó que la intervención de la cooperativa fue promovida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El organismo solicitó la reserva de las actuaciones, lo que implica que los informes parciales elaborados por el interventor no pueden ser divulgados hasta que finalice la intervención.

El INAES es la autoridad responsable de la supervisión de las cooperativas en el país y, en este caso, fue quien impulsó la intervención en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El juez consideró válido el argumento del INAES y determinó que el acceso a los informes debe permanecer restringido hasta la finalización del proceso. Esta decisión busca garantizar el normal desarrollo de la intervención sin interferencias externas.

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La reserva de las actuaciones fue solicitada por el INAES. Según el fallo judicial, la restricción impuesta se aplica exclusivamente a los informes parciales que el interventor elabora de manera periódica. Sin embargo, no impide que se brinde información general sobre la gestión en curso. El juez señaló que el objetivo de esta medida es evitar filtraciones prematuras que puedan afectar la intervención.

El Concejo Deliberante expresó su descontento con la decisión judicial, ya que consideran que la falta de información impide cumplir su rol de fiscalización sobre el servicio público. El juez respondió que el Concejo no es parte en la causa judicial y, por lo tanto, no tiene legitimidad para exigir el acceso a la documentación. Argumentó que la intervención es una medida excepcional que responde a problemas estructurales de la cooperativa y que su supervisión está a cargo del INAES.

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Los informes finales serán de carácter público al finalizar la intervención. El magistrado destacó que, una vez que concluya el proceso de intervención, se elaborará un informe final detallado que será de acceso público. Este documento incluirá un análisis de la situación de la cooperativa antes, durante y después de la intervención. También se informará sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.

La intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew generó un amplio debate en la comunidad. Muchos vecinos consideran que es una medida necesaria para ordenar las finanzas de la entidad y mejorar la calidad del servicio. Otros sectores critican la falta de transparencia y el acceso restringido a la información. El fallo del juez Sastre reafirma que la intervención continuará bajo las condiciones establecidas inicialmente por el INAES.

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El fallo destaca la importancia del rol del Concejo en la fiscalización. A pesar de rechazar el pedido, el juez reconoció que el Concejo Deliberante tiene un papel relevante en el control de los servicios públicos. No obstante, enfatizó que su competencia no abarca la intervención judicializada de la cooperativa, ya que esta responde a una decisión de un organismo nacional.

El Concejo podrá analizar la gestión del interventor cuando el informe final sea publicado. Mientras tanto, la administración de la cooperativa seguirá bajo control del interventor designado por el INAES. Se espera que, al finalizar la intervención, se realicen modificaciones en la estructura y funcionamiento de la cooperativa para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.