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El Concejo Deliberante de Trelew solicitó acceder a los informes sobre la intervención de la Cooperativa Eléctrica, pero el juez federal Hugo Sastre rechazó el pedido argumentando que no corresponde su divulgación en esta instancia. Según explicó la concejal Claudia Solís, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), como autoridad de aplicación, determinó que estos documentos deben permanecer bajo reserva hasta que concluya el proceso.
El interventor Matías Bordíez ya presentó un segundo informe interno, pero su contenido no será público hasta la presentación del informe final. Pese a ello, algunos concejales buscan otras vías para obtener información. Desde el Concejo, Aguilar anunció que solicitará los informes directamente al INAES, aunque Solís anticipó que es poco probable que reciba una respuesta favorable.
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La intervención de la cooperativa tiene como plazo inicial abril, aunque Solís aclaró que, si no se logran esclarecer ciertos aspectos clave, podría solicitarse una prórroga de hasta seis meses. Desde la vicepresidencia de CAMMESA, el organismo mayorista de energía, también indicaron que sería posible extender el plazo para completar el proceso.
Mientras tanto, el interventor avanza con ajustes internos. Se eliminaron costos innecesarios en turnos rotativos, se reorganizó el personal y se trabaja en un esquema de pagos para regularizar la deuda con CAMMESA y evitar cortes de suministro. Además, se busca reestructurar las áreas de energía, agua y cloacas, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa.
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En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó tres bancas del vecino, dos de ellas para vecinas que habían presentado solicitudes y la restante para el exministro de Seguridad Federico Massoni. Estas serán tratadas en la primera sesión de abril.
En el ámbito del transporte, se ajustaron sanciones para taxis y remises sin habilitación, además de prorrogar el plazo de renovación de unidades debido a las dificultades económicas de los propietarios. También se establecieron nuevas regulaciones para choferes que transportan personas con discapacidad, quienes deberán completar una habilitación específica.
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Por otro lado, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia para brindar formación en perspectiva de género bajo la Ley Micaela, y se ratificó un acuerdo con la Sociedad Rural de Trelew para la utilización del predio en ferias y eventos.
En cuanto a la política tarifaria, se prevé una reunión con el organismo regulador y el delegado ante la cooperativa para definir futuras medidas.
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El juez federal Hugo Sastre rechazó la solicitud del Concejo Deliberante. La restricción de acceso a los informes parciales del interventor se mantiene por pedido del INAES.
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