Son más de 350 los carnets de conducir irregulares en el Valle

En una entrevista con El Quinto Poder por #LA17, la fiscal Julieta Gamarra explicó los avances de la causa que investiga la emisión de certificados médicos apócrifos vinculados al centro médico de Soto Payva, en Trelew. Aunque el acusado fue beneficiado con libertad con restricciones, la causa sigue sumando pruebas, testimonios y ahora también nuevas imputaciones.

“Soto Payva firmó más de 350 certificados sin contar con matrícula habilitante”, afirmó la fiscal, quien también confirmó que el implicado ya intentó entorpecer la investigación desde la cárcel. “Llamó a una empleada desde el teléfono de otro preso y le ofreció mejoras laborales si colaboraba y se mantenía en silencio”, denunció Gamarra.

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El juez le otorgó la libertad con condiciones: Soto Payva debe presentarse semanalmente, no puede salir del país ni acercarse a más de 450 personas, entre ellas, personal de sus centros médicos y personas que figuran en los certificados investigados. “La fiscalía advirtió sobre el riesgo de fuga y de entorpecimiento, pero el juez no coincidió con nuestra posición”, explicó Gamarra.

Uno de los datos más alarmantes de la causa es la participación de un supuesto psicólogo que firmó certificados sin título ni matrícula profesional. “No presentó su tesis ni se graduó en la Universidad de La Plata”, confirmó la fiscal, quien ya imputó formalmente a esta persona.

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Según la investigación, este falso profesional firmaba documentos con DNI pero sin matrícula, y “nadie lo detectó”, cuestionó Gamarra. El centro médico también emitía certificados para licencias de conducir solicitadas por municipios que no contaban con personal habilitado, como Los Altares y Paso de Indios.

La causa avanza ahora con pericias caligráficas, entrevistas a posibles damnificados y secuestro de documentación. La fiscal también reveló que “muchas personas tienen miedo y no quieren declarar”, lo que representa un nuevo desafío para el equipo de investigación.

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Por el momento, la fiscalía sostiene que los hechos ameritan una pena de cumplimiento efectivo y espera que las nuevas pruebas refuercen esa posición. “Este caso excede la pena mínima prevista: afecta la salud pública, la seguridad vial y la confianza en el sistema”, cerró Gamarra.