El Gobierno denunció por lavado de dinero al dueño de Tabacalera Sarandí.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra Pablo Otero, conocido como el “Rey del Tabaco” y dueño de Tabacalera Sarandí, por una presunta maniobra de lavado de activos por más de $33.600 millones entre 2021 y 2023. La acusación fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP en tareas de fiscalización y control.
La denuncia sostiene que Otero habría operado con 23 distribuidores sin capacidad operativa, los cuales habrían funcionado como “usinas” para ingresar fondos de origen ilícito al sistema formal. Estos mayoristas no presentaban personal registrado, ni documentación respaldatoria, y emitían facturas con diferencias mínimas respecto al precio de compra, lo que indica nula rentabilidad y una posible simulación de operaciones.
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“Se detectó un perfil fiscal irregular o de contribuyentes no confiables”, remarca la denuncia firmada por Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de ARCA. Los pagos se realizaron íntegramente en efectivo mediante depósitos bancarios, sin poder justificar el origen de los fondos.
Un esquema en tres pasos
El informe detalla que la operatoria se estructuró en tres etapas: Tabacalera Sarandí vendía cigarrillos (marcas como Red Point, West, Kiel y Master) a mayoristas sin estructura, que luego los redistribuían hasta los comercios finales.
ARCA describe un modus operandi típico del lavado de dinero: comprobantes emitidos cada pocos segundos, ausencia de empleados, domicilios alejados de zonas comerciales y sin actividad registrada.
El 31% de la facturación de Tabacalera Sarandí entre 2021 y 2023 se canalizó a través de estas empresas fantasma.
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El rol del Estado
La denuncia se basa en una investigación de la División Fiscalización Externa II de ARCA, y fue impulsada por su titular, Juan Pazo, funcionario de extrema confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Los fondos derivados de estas ventas se incorporan al circuito financiero formal, sin trazabilidad clara”, sostuvo el organismo en su presentación judicial. La causa quedó caratulada bajo el artículo 303 del Código Penal, que regula el delito de lavado de activos.
Este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en el sector tabacalero argentino.
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