El gobierno disuelve Télam y convierte empresas estatales en sociedades anónimas
Actualidad14/04/2025
Sergio Bustos
Telam fue disuelta.
El gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su política de reforma del Estado. La Inspección General de Justicia oficializó esta semana la transformación de cinco empresas estatales en sociedades anónimas. La medida incluyó también la disolución de Télam.
El anuncio se realizó a través del Ministerio de Justicia. La cartera presentó la resolución con el título “Motosierra”. Allí justificó la medida como parte de un plan de modernización del Estado. También mencionó la necesidad de reducir el gasto público.
Las empresas afectadas deberán operar bajo criterios privados. Estarán obligadas a presentar balances, rendir cuentas y evitar usos políticos. Así lo informó la Secretaría de Justicia en el comunicado oficial.
Las entidades que pasan a régimen de sociedad anónima son: Corporación Buenos Aires Sur, Fabricaciones Militares, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración General de Puertos (AGP). Esta última fue absorbida por la nueva ANPYN.
Télam fue directamente disuelta. La agencia estatal de noticias dejó de existir como entidad pública. El cierre fue parte de una promesa de campaña del presidente Javier Milei. Su estructura ya había sido desactivada semanas atrás.
El documento oficial remarcó que el objetivo central es evitar “el uso político de las empresas públicas”. También se propone “garantizar eficiencia, transparencia y control” en cada una de sus operaciones. El lenguaje elegido tuvo fuerte carga ideológica.
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La IGJ actuó bajo instrucciones del Ministerio de Justicia. Registró los cambios en su base legal. Y envió la información a los organismos de control correspondientes. El procedimiento quedó completado esta semana.
Corporación Buenos Aires Sur interviene en proyectos urbanos. Fabricaciones Militares tiene historia ligada a la defensa. EANA gestiona el tráfico aéreo nacional. Todas pasarán ahora a cumplir su rol bajo normas del sector privado.
La AGP será absorbida por la nueva Administración Nacional de Puertos y Navegación. Esta modificación concentra el control portuario en un único ente. El gobierno busca centralizar funciones y eliminar superposiciones.
Télam cumplía tareas de producción y distribución de noticias. Era la única agencia nacional con alcance federal. Su cierre generó rechazo en gran parte del sector periodístico. También provocó despidos masivos.
El oficialismo justificó la medida con datos de costo operativo. Señaló que Télam era “una estructura burocrática y partidaria”. Acusó a sus autoridades anteriores de manipular la información con fines políticos.
Los trabajadores de la agencia realizaron protestas en distintos puntos del país. Denunciaron el vaciamiento del sistema público de medios. También rechazaron los despidos. Exigieron la continuidad del proyecto periodístico estatal.
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Diversas organizaciones expresaron preocupación por la libertad de expresión. Sindicatos, entidades de derechos humanos y universidades emitieron comunicados. Alertaron por el debilitamiento del acceso a la información en regiones alejadas de Buenos Aires.
La Sociedad Interamericana de Prensa también opinó sobre el tema. Solicitó transparencia en los procedimientos. Y pidió que se respete el derecho de los ciudadanos a recibir información plural. La polémica sigue abierta.
La reconversión de empresas fue una promesa de Milei. El presidente habló en reiteradas ocasiones de eliminar “estructuras ineficientes”. Señaló que muchas empresas públicas operaban como refugios políticos. Y prometió reorganizar el aparato estatal.
La iniciativa avanza en medio de una fuerte reestructuración del Estado. Incluye despidos, recortes, fusiones y reformas legales. También genera resistencias y reclamos gremiales. La tensión social crece con cada resolución.
La Inspección General de Justicia cumple un rol clave en estos procesos. Registra los cambios y habilita la nueva figura jurídica. El modelo busca emular prácticas del sector privado.
El Ministerio de Justicia insiste con reducir el gasto público. Señala que muchas empresas operaban con pérdidas. La política oficial apunta a eliminar subsidios y ajustar estructuras. No se descartan más transformaciones.
El gobierno busca “eficiencia, transparencia y control”. Repite esa fórmula en todos los comunicados. Pero las críticas apuntan a una concentración de poder. También a una desarticulación del Estado en áreas sensibles.
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El cierre de Télam marca un hito. La agencia tenía más de 70 años de historia. Su archivo fotográfico y documental era de los más completos del país. Su pérdida despierta alarma.
Los trabajadores temen nuevas medidas. Los gremios reclaman paritarias, reincorporaciones y diálogo. La respuesta oficial sigue sin llegar. Los conflictos laborales aumentan en diversos sectores estatales.
Los portuarios también expresaron preocupación. La fusión de entes genera incertidumbre. Piden mantener condiciones laborales y evitar despidos. Las empresas reconvertidas todavía no definieron estructuras ni autoridades.
La oposición política ya presentó pedidos de informes. Legisladores de distintos bloques cuestionaron la legalidad del procedimiento. También denunciaron que el Congreso no fue consultado.
El gobierno asegura que tiene respaldo constitucional. Afirma que las decisiones responden a la ley vigente. Y que se enmarcan en un plan más amplio de reorganización del Estado.
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