
Represas del Comahue: Nación vuelve a postergar la licitación y crece la tensión con las provincias
Actualidad30/07/2025
Sergio Bustos
El futuro de las represas del Comahue vuelve a entrar en terreno incierto. El gobierno nacional no publicó los pliegos para licitar el manejo de cinco centrales hidroeléctricas clave y todo indica que habrá una nueva prórroga.


El contrato actual vence el 11 de agosto. A dos semanas del límite, la secretaría de Energía de la Nación admite que el proceso está “muy avanzado”, pero reconoce que no llegará con los tiempos.
Las provincias de Neuquén y Río Negro observan con desconfianza. Exigen definiciones concretas y reclaman que el nuevo contrato contemple un esquema distinto de regalías y mayor participación local.
El listado de represas incluye a Cerros Colorados, Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Arroyito. Todas operan en la región desde los años noventa bajo control privado. Enel, AES, Central Puerto y Orazul tienen hoy la operación.
La única fuera de esta discusión es Pichi Picún Leufú, cuya concesión rige hasta 2029. El resto entra en una licitación que nunca termina de llegar.
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En mayo, Nación firmó una resolución para elaborar los pliegos y tasar los activos a través de una compulsa profesional. También se anunció la participación de las provincias como veedoras, pero no hubo avances visibles desde entonces.
Desde Neuquén aseguran que todavía se están modificando los pliegos. El gobernador Rolando Figueroa insiste en que “las regalías se pagan sobre una base imponible muy baja” y que eso debe cambiar. “Queremos el 100% de lo que nos corresponde”, reclamó.
Las provincias también se apoyan en la ley que permite cobrar un canon por uso de agua, una herramienta que buscan activar si Nación no mejora el esquema de regalías.
El pedido incluye un porcentaje en especie, no solo en dinero. También se discute que Neuquén reciba el 2% completo en las represas ubicadas solo en su jurisdicción, mientras que en las compartidas se divida 1% para cada provincia. Ningún acuerdo fue confirmado.
Río Negro, por su parte, pide que el nuevo contrato incluya obras de refuerzo en la presa Portezuelo Grande, ante los riesgos estructurales que presenta.
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Mientras tanto, Nación analiza extender el contrato hasta fines de noviembre. La intención es tener tiempo para armar el proceso licitatorio y evitar vacíos legales o administrativos.
La venta del paquete accionario podría representar entre 400 y 500 millones de dólares, un ingreso importante para el gobierno de Javier Milei en medio de una fuerte restricción fiscal.
El contexto político no ayuda. El vínculo entre Nación y los gobernadores Figueroa y Weretilneck pasó por momentos tensos, especialmente cuando se trató el futuro energético del Comahue sin consulta previa.
La falta de transparencia en el proceso alimenta las sospechas. No hay información pública sobre condiciones, criterios de adjudicación ni participación de actores regionales en la toma de decisiones.
En este panorama, las provincias buscan no quedar fuera de juego. Reclaman un contrato más justo, que respete el origen de los recursos y que garantice obras de infraestructura y seguridad hídrica.
Por ahora, todo sigue congelado. Las represas siguen funcionando bajo los contratos prorrogados, sin certezas jurídicas ni políticas para el mediano plazo.
















