Imágen ilustrativa de Justicia
El Colegio de Abogados de Puerto Madryn reiteró su preocupación por una serie de designaciones recientes en el Superior Tribunal de Justicia que se habrían realizado sin concurso de antecedentes ni oposición, tal como lo exige la normativa vigente. El presidente de la entidad, Gustavo Cruz, explicó que se trata de una situación institucional delicada, y que el requerimiento de información se realizó de manera formal, en el marco de la Ley 1156, que habilita a cualquier ciudadano o entidad a solicitar datos a los órganos judiciales.
“No fue una mera decisión del directorio. Se hizo un requerimiento fundado en derecho, como lo establece la normativa vigente”, sostuvo Cruz en diálogo con El Quinto Poder por #LA17. El dirigente aclaró que la solicitud al Superior Tribunal no busca confrontar, sino obtener transparencia sobre procesos de nombramientos que, según se sospecha, no respetaron el procedimiento legal previsto.
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La inquietud del Colegio no es nueva ni aislada. Cruz recordó antecedentes institucionales recientes, como el caso del funcionario Capraró, vinculado a uno de estos cargos, quien terminó apartándose en medio de fuertes cuestionamientos. “Puede tomarse como un mal antecedente, pero hoy nos encontramos con una nueva serie de irregularidades”, señaló, en referencia a las decisiones tomadas durante la gestión actual del Tribunal.
Las autoridades del Colegio decidieron formalizar su pedido luego de que se conociera que varios cargos clave en el Poder Judicial fueron cubiertos de forma simultánea, sin la correspondiente publicación de convocatorias a concurso público. Estas designaciones generan sospechas sobre la legalidad del procedimiento y preocupan por su impacto en la credibilidad del máximo órgano judicial de la provincia.
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Cruz indicó que el requerimiento enviado no solo está amparado legalmente, sino que también se enmarca en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en el rol institucional del Colegio como actor fundamental del sistema jurídico. “Cualquier persona, no solo nosotros, puede utilizar esta herramienta legal para exigir explicaciones cuando hay dudas sobre la transparencia”, afirmó.
Desde el Colegio también señalaron que la falta de respuestas públicas alimenta la desconfianza y que los actos administrativos judiciales deben tener publicidad plena, salvo que exista justificación expresa, lo que en este caso no ocurrió. “En la gestión pública todo debe ser público, y este no era un caso de reserva especial”, insistió el abogado.
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La solicitud de información fue dirigida formalmente al presidente del Superior Tribunal, y contiene un plazo de diez días hábiles para recibir una respuesta. Hasta el momento, no se ha informado públicamente si habrá una contestación dentro de ese plazo ni si se procederá a revisar las designaciones cuestionadas.
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