"400 días de licencia y tres sueldos públicos": cesantean a empleada judicial por incompatibilidad laboral
17/04/2025
Sergio Bustos
Una empleada judicial fue cesanteada por tener tres empleos públicos. El STJ de Río Negro la sancionó tras comprobar una grave incompatibilidad. Registraba más de 400 días de licencia en cuatro años.
La mujer cumplía funciones en Cipolletti. Alternó tareas en la oficina judicial y en la defensoría penal. Mientras tanto, trabajaba en dos organismos de Neuquén.
Su nombre no fue revelado, solo sus iniciales: P.P. El caso salió a la luz tras controles internos. AFIP y ANSES detectaron su condición de trabajadora activa en tres entes públicos.
Además de su puesto en Río Negro, figuraba en Neuquén. Tenía cargos en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la obra social de los Petroleros Privados. La situación violaba toda normativa vigente.
El artículo 19 de la Ley L 3550 prohíbe esa condición. Ningún empleado público puede cobrar de más de un organismo al mismo tiempo. La prohibición alcanza todas las jurisdicciones.
Entre 2019 y 2023, la agente acumuló más de 400 días de licencia. En 2019 llegó a 100 días. En 2022 pidió 180 sin goce de sueldo. En 2023 sumó otros 255 días por enfermedad.
El sumario determinó que no existía justificación válida. Las licencias se sucedieron de forma sistemática. No hubo control efectivo durante esos años.
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La agente alegó desconocimiento de la norma. En su descargo explicó que actuó por motivos de salud. Dijo haber atendido también problemas familiares.
La defensa no negó el triple empleo. Solo intentó explicar el contexto. El STJ consideró que no fue suficiente.
El fallo calificó la conducta como incompatible y grave. Habló de una infracción a la honestidad y buena fe. La cesantía fue la sanción aplicada.
El Poder Judicial aclaró que la sanción tiene carácter expulsivo. El objetivo es preservar la integridad institucional. También evitar que se repitan casos similares.
El expediente pasará a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El organismo analizará si hubo perjuicio económico al Estado. Podría derivar en una causa penal.
El STJ destacó la necesidad de proteger los recursos públicos. La confianza de la ciudadanía depende del ejemplo institucional. El caso marcó una línea clara de tolerancia cero.
La empleada judicial había intentado extender una licencia en 2022. El pedido fue rechazado. Luego volvió a solicitar nuevos días en 2023. Todo quedó asentado en los registros oficiales.
La acumulación de permisos resultó llamativa para los auditores. Los controles internos detectaron anomalías en su legajo. Así comenzó la investigación.
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Las licencias por enfermedad deben contar con respaldo médico. En varios casos, la documentación no cumplía requisitos. Algunas autorizaciones quedaron bajo revisión.
El caso generó preocupación en el ámbito judicial. Varios organismos iniciaron auditorías internas. Buscan evitar nuevas situaciones similares.
Desde el sindicato no hubo declaraciones públicas. Tampoco se conocieron pronunciamientos de sus compañeros. El silencio fue casi total.
La agente no podrá volver a trabajar en el Poder Judicial. La cesantía implica inhabilitación para cargos públicos. Su situación cambiará si la Justicia penal avanza.
Los hechos ocurrieron en plena pandemia. Durante 2020 y 2021, el trabajo remoto facilitó ausencias. La descentralización favoreció ciertos abusos.
Los organismos públicos deben cruzar datos de sus empleados. AFIP y ANSES poseen registros completos. El caso demuestra que el sistema puede fallar.
La normativa sobre incompatibilidades rige desde hace décadas. Cada jurisdicción tiene controles internos. Pero el cumplimiento depende de la voluntad de cada área.
El Poder Judicial de Río Negro busca recuperar credibilidad. Casos como este dañan la imagen institucional. La sanción apunta a reforzar la confianza.
La mujer habría cobrado sueldos sin contraprestación real. Esa posibilidad agrava el cuadro. La Fiscalía deberá determinar si existió perjuicio económico.
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El Poder Judicial remarcó que no existieron autorizaciones especiales. Nadie puede trabajar en tres lugares a la vez. El reglamento no admite excepciones.
Las causas penales por incompatibilidad no son frecuentes. Pero este caso podría sentar precedente. La doble y triple ocupación se volvió un problema serio.
El control cruzado entre provincias debe fortalecerse. Las tecnologías permiten verificar datos en tiempo real. El caso de P.P. deja una advertencia clara.
El acceso al empleo público requiere transparencia. Cada cargo debe responder a una necesidad concreta. La confianza ciudadana no se negocia.
Río Negro cerró el caso con firmeza. La empleada judicial ya no forma parte del sistema. Ahora, la Justicia analizará si corresponde una sanción penal.
