Incendios antimineros: Otro papelón con otra chicana que atrasa la definición

El juicio por los incendios en Rawson continúa estancado. Esta semana debía finalizar con la cesura de pena para seis condenados. Pero la audiencia se suspendió nuevamente por una recusación.

Uno de los defensores recusó a la jueza Eve Ponce. El abogado Miguel Moyano cuestionó su decisión de anular parcialmente un alegato fiscal. Ahora un tribunal de dos jueces deberá resolver la recusación. No hay plazos ni fecha para continuar.

El proceso arrastra demoras desde el inicio. Se trata del segundo juicio por los mismos hechos. El primero se anuló por aceptar probation con ofertas ridículas, como paquetes de fideos. El Superior Tribunal de Justicia lo declaró nulo.

El juicio tuvo momentos bizarros y tragedias. “Los tiempos para actuar son los del litigio”, dijo Moyano tras cuestionar la reprogramación. La jueza reordenó una nueva audiencia de cesura solo para los imputados condenados.

La audiencia final se reprogramó sin fecha. El trámite se vuelve interminable. La sociedad chubutense sigue sin certezas ni respuestas. El caso se volvió un símbolo del desgaste judicial.

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Uno de los acusados murió antes de conocer el fallo. Lautaro Martínez fue hallado sin vida en su casa. Ese mismo día debía escuchar el veredicto. Fue uno de los dos declarados inocentes junto a Brian Díaz.

El proceso judicial se extiende desde 2021. La Legislatura aprobó en secreto la ley minera 5.001. Las protestas comenzaron pocas horas después. Parte de la ciudadanía expresó su rechazo en las calles.

Las movilizaciones derivaron en graves incidentes. Manifestantes violentos incendiaron edificios públicos. La Casa de Gobierno de Chubut fue destruida. También varias oficinas judiciales y administrativas.

El fuego afectó causas sensibles. Desaparecieron expedientes de corrupción, abusos sexuales y otros delitos. Muchos estaban listos para ir a juicio. La pérdida fue irreversible.

Rawson tardó meses en recuperar la normalidad. Las calles quedaron destruidas. El centro cívico funcionó de forma parcial durante largo tiempo. Algunas sedes aún siguen cerradas.

Ocho personas fueron identificadas tras la investigación. La Justicia provincial acusó a los implicados por su participación en los disturbios. El juicio demoró casi cuatro años en concretarse.

La primera versión del juicio fue bochornosa. La jueza a cargo aceptó acuerdos con compensaciones irrisorias. El fallo generó rechazo social y político. El proceso debió comenzar desde cero.

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El segundo juicio tampoco logró avanzar con claridad. Las audiencias sufrieron demoras por la inasistencia de imputados. Dos fueron detenidos para garantizar su presencia en sala.

Uno de los acusados se quedó dormido. La Policía lo retiró de su casa y lo trasladó al tribunal. La jueza Ponce ordenó su detención por desobediencia.

Los hechos judiciales parecen superados por el absurdo. Entre faltazos, recusaciones, fallos anulados y tragedias personales, el juicio se volvió una historia interminable. La sociedad lo mira con frustración.

El pedido de penas debía realizarse esta semana. Los fiscales esperaban cerrar el proceso. Pero la recusación impidió avanzar. Todo quedó paralizado hasta nuevo aviso.

El nuevo tribunal decidirá si la jueza sigue. Esa decisión también demorará. No hay calendario para resolver la recusación. Nadie puede anticipar cuándo se retomarán las audiencias.

Las víctimas institucionales no reciben justicia. Los edificios públicos destruidos siguen sin reparación. Las causas judiciales perdidas no se recuperaron. El sistema no dio respuestas.

El juicio refleja las fallas estructurales del Poder Judicial. Los tiempos excesivos, la falta de rigor y las decisiones polémicas alimentan la desconfianza ciudadana. La imagen institucional se deteriora.

Chubut carga con un proceso sin cierre. Nadie fue condenado todavía. Dos acusados resultaron absueltos. Los seis restantes esperan penas que no llegan. La incertidumbre se prolonga.

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El caso conmocionó a Rawson y a la provincia. La protesta antiminera tuvo múltiples aristas. La violencia, el fuego, la tragedia y la política se entrelazaron en una causa compleja.

La ley minera fue derogada días después. La presión social forzó a la Legislatura a dar marcha atrás. Pero los daños ya estaban hechos. Los costos institucionales fueron altos.

El contexto político también generó tensión. Los vínculos entre funcionarios, empresarios y legisladores quedaron expuestos. La ciudadanía exigió transparencia. El juicio debía ser una respuesta. No lo fue.

El Poder Judicial no logró transmitir seguridad. Las contradicciones internas, las decisiones erráticas y los tiempos absurdos marcaron todo el proceso. Hoy no hay fecha ni horizonte.

La muerte de Martínez dejó una herida profunda. Su historia impactó a familiares y conocidos. Su suicidio mostró el desgaste emocional de los imputados. Su inocencia llegó tarde.

El juicio no logró reparar nada. Los edificios siguen dañados. Las víctimas judiciales no fueron compensadas. Los responsables no recibieron condena. El mensaje institucional es confuso.

La Justicia necesita respuestas claras. No puede sostener procesos eternos. La sociedad exige fallos firmes, audiencias serias y decisiones oportunas. Este caso representa lo contrario.

El caso Rawson refleja un fracaso institucional. Ningún poder actuó con eficacia. La política improvisó. La Justicia falló. La ciudadanía sufrió las consecuencias. El juicio de Rawson es el juicio que nunca termina.