Simularon ser empleados de la UBA y vaciaron cuentas por más de 1.500 millones de pesos

Una maniobra delictiva de alto impacto económico y operativo golpeó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en septiembre del año pasado: al menos 13 transferencias bancarias fueron efectuadas desde cuentas oficiales de la casa de estudios a beneficiarios ficticios, provocando una pérdida superior a los 1.591 millones de pesos.

La investigación, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez Sebastián Ramos, apunta a una red organizada que habría suplantado la identidad de personal del sector Tesorería de las facultades de Derecho y Odontología, utilizando documentación falsa para solicitar transferencias bancarias desde el Banco Nación.

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El engaño comenzó con correos electrónicos que imitaban comunicaciones internas institucionales, provenientes de una dirección falsa: [email protected]. Desde allí, se enviaron formularios con órdenes de pago a cuentas de personas físicas y jurídicas que, en su mayoría, no existían legalmente.

Los formularios falsificados llegaron incluso en formato físico a través de un cadete, y contenían firmas apócrifas de personal autorizado, lo que facilitó la concreción de las operaciones. Según la causa, los autores habían estudiado los mecanismos internos de validación y se aprovecharon de debilidades en los controles tanto de la universidad como del sistema bancario.

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El informe judicial menciona a ocho personas físicas y dos sociedades utilizadas como receptoras del dinero: Elysium Capital SA y Ekzplodo SA, ambas vinculadas a personas ya identificadas en el expediente como posibles cabecillas de la estafa.

Al momento, ya se registraron 17 detenciones y cuatro imputaciones bajo los cargos de fraude a la administración pública y falsificación de documentos. Además, se investiga un intento de seguir defraudando a la UBA con tres transferencias adicionales por más de $341 millones que no llegaron a concretarse.

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Expertos en ciberseguridad como Julio López explicaron que este tipo de delitos crece en el país por la falta de verificación robusta en canales de comunicación institucional. “Se sigue confiando ciegamente en un correo electrónico. Y los bancos no tienen forma de comprobar si la orden proviene realmente de su cliente”, indicó.

Fuente: Clarín