Gobernadores en el Pacto de Mayo
El Gobierno avanza con el “Súper IVA” mientras crece el malestar de los gobernadores por cambios impositivos. La medida, anunciada por Luis Caputo, propone dividir el actual impuesto nacional y permitir a cada provincia fijar su propia alícuota. La reacción de las provincias no se hizo esperar y anticipan reclamos más fuertes.
El nuevo esquema plantea que Nación cobre un 9% del IVA y deje a las provincias el margen restante. El objetivo oficial es generar “competencia fiscal” entre las jurisdicciones. La idea podría generar más desigualdad entre regiones según sus recursos naturales y niveles de actividad.
Los gobernadores debatirán el tema informalmente este martes en Paraná durante un encuentro del CFI. Participarán Axel Kicillof, Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Raúl Jalil y Sergio Ziliotto. Si bien no figura en la agenda oficial, el malestar por el nuevo IVA cruzará todas las conversaciones.
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“No todos tenemos los mismos recursos”, advirtieron desde una provincia del norte. Las diferencias entre petróleo, soja, litio y turismo ya generan disparidades económicas. El nuevo impuesto podría amplificarlas en lugar de equilibrarlas.
El enojo provincial no se limita a la reforma del IVA, sino también a recientes cambios que reducen temporalmente la coparticipación. El anticipo del Impuesto a las Ganancias y las retenciones del IVA en aduana fueron modificados. La decisión afecta directamente los ingresos provinciales desde junio.
La medida cayó en medio de la planificación presupuestaria para el pago de aguinaldos. En varias provincias ya anticipan que evaluarán acciones legales contra Nación. “Nos enteramos de un día para el otro, sin margen para reaccionar”, dijeron desde la Patagonia.
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Desde el Gobierno nacional relativizan el impacto y aseguran que los ingresos se recuperarán más adelante. “Es un sacrificio presente para mejorar el futuro”, afirmaron desde el Ministerio de Economía. También señalaron que asistirán a cualquier convocatoria para explicar los alcances.
El malestar fiscal se suma a la paralización de la obra pública, otro foco de conflicto federal. En provincias del litoral advierten que rutas y accesos a puertos “están destruidos” y no reciben respuesta. “Tienen todo parado”, indicaron desde una gobernación.
Los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en julio pasado ahora expresan frustración por la falta de avances. Señalan que los funcionarios nacionales escuchan pero no ejecutan. “Nos cansamos de pedir las mismas cosas trece veces”, se quejan.
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La Casa Rosada sostiene que las provincias pueden financiar obras con inversión privada. En Santa Fe aseguran que pidieron la transferencia de rutas nacionales pero no obtuvieron respuestas. Esperan que avancen concesiones, pero aún no hay definiciones concretas.
Otro eje conflictivo es la deuda previsional que ANSES mantiene con las Cajas Provinciales. Córdoba, Chubut y Entre Ríos ya iniciaron acciones o firmaron convenios para resolver esos saldos. El Gobierno impulsa el uso del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) para saldar deudas cruzadas.
Chubut acordó un esquema de pagos para su déficit previsional y recibió compromisos de transferencia de fondos. En Entre Ríos, el acuerdo alcanzado prevé pagos mensuales de $2.000 millones. Sin embargo, la provincia reclama otros $7.000 millones que aún no se transfirieron.
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Córdoba fue más lejos y judicializó la deuda por $1 billón ante la Corte Suprema. Martín Llaryora afirma que esa cifra equivale a la mitad de su inversión en infraestructura. Desde Economía reconocen el avance del reclamo pero también aseguran que hubo “acercamientos importantes”.
En las provincias aseguran que las tensiones aumentan por la falta de certezas y comunicación previa. El nuevo “Súper IVA” reaviva temores de recentralización fiscal disfrazada de federalismo competitivo. Las advertencias crecen en paralelo con el deterioro del diálogo político.
Las diferencias estructurales entre regiones podrían volverse más visibles con un sistema tributario segmentado. El litio, el gas y la soja no están distribuidos con equidad en el mapa nacional. Las provincias más pobres podrían tener menos margen para competir.
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El Congreso será el escenario para definir si el nuevo esquema avanza o se frena. La reforma fiscal que impulsa Caputo no entraría en vigencia hasta 2027, tras las elecciones. Los gobernadores anticipan que no habrá consenso sin compensaciones claras.
Fuente: Infobae.
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